El juez federal Daniel Rafecas condenó a dos años de prisión en suspenso a Américo Balbuena, el ex agente de la Policía Federal que se hizo pasar como periodista de la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh durante más de una década. La misma condena recibieron sus jefes del Cuerpo de Investigaciones de la fuerza, Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares. A los tres los encontró culpables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El magistrado también les impuso la inhabilitación especial para ejercer cargos por el doble tiempo de la condena, es decir, cuatro años.
Además de eso, el juez rechazó el planteo de nulidad de la elevación a juicio que había promovido la defensa de Balbuena y Sánchez. En el mismo sentido se pronunció a propósito de un planteo de prescripción por "violación a la garantía del plazo razonable" y otro de recusación que había formulado la defensa de Ustares.
El veredicto se conoció al final de una audiencia que arrancó pasadas las 14.30 de este viernes 31 en la Sala de Audiencias B de Comodoro Py.
La jornada abrió con las réplicas de la querella a los alegados de la defensa. Fueron los abogados Matías Aufieri, Liliana Mazea y Myriam Bregman, en representación del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (Ceprodh), quienes buscaron derribar una serie de planteos como que el caso estaba prescripto, que se había roto la cadena de custodia de la prueba, que Balbuena había actuado de buena fe al no ocultar su verdadero nombre y que el perjuicio era inexistente, entre otros.
"El uso de la identidad real por parte de Balbuena no le impidió estar infiltrado hasta que alguien que conocía su rol reveló la verdad. No implicaría un acto de buena fe haber usado su identidad real, algo que no podía haber sido de otra manera porque (NdR: el fundador de la Agencia Walsh, Rodolfo) Grinberg lo conocía desde la infancia", dijo Aufieri.
Después fue el turno de la defensa, representada por Jorge Álvarez Berlanda (por Balbuena y Sánchez) y Hernán Carluccio y Bárbara Barlett (por Ustares), quienes en los alegatos habían afirmado que “no se pudo probar ningún delito”.
Balbuena, principal acusado, había sido señalado por haber hecho espionaje político durante 11 años haciéndose pasar como periodista de la mencionada agencia. Ello con el aval de sus jefes Sánchez y Ustares.
No usaron las “últimas palabras”
Terminada la ronda de réplicas, el juez le otorgó a los tres acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras, pero ninguno de los tres lo hizo.
Sin embargo, durante el juicio, Balbuena afirmó: "Jamás usé la información periodística con fines policiales. En su momento tenía pensado ejercer la actividad (periodismo) tras mi retiro de la fuerza. Verdaderamente no iba a la casa de nadie ni a asambleas privadas. Siempre trabajaba en lugares públicos, las conferencias de prensa eran en bares, en la calle".
El veredicto llegó tras cuatro jornadas en la que desfilaron una decena de testigos propuestos por la querella -todos integrantes de medios sociales u organizaciones políticas, gremiales y sociales- que llegaron a una misma conclusión: “era el primero que llegaba y el último que se iba” de cada medida de fuerza o actividad que realizaban las organizaciones.
Por ejemplo, María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), contó que una vez Balbuena le hizo una entrevista “larguísima” y que “nunca la ví publicada”. "Lo curioso es que el tipo podía estar todos los días en cualquier horario y no se movía. Siempre quería obtener información interna, como cuánta gente integraba la organización, si había rentados, si recibíamos subsidios y hasta la relación con las demás organizaciones", agregó en su testimonial frente a Rafecas.
La defensa, por su lado, convocó sólo a dos: Roberto Zegame, miembro de una cámara bonaerense de transportistas escolares, y a Javier Echevarría, retirado de la División Análisis del Cuerpo de Informaciones, al que pertenecían los acusados.
El primero fue convocado por su relación con Sánchez y se encargó de abonar la teoría de la defensa de que la oficina policial tenía una buena relación con las organizaciones políticas o gremiales que se establecía a partir de la planificación logística de las medidas de fuerza. El otro testigo, en tanto, aportó detalles sobre las funciones y tareas de la División y dijo que “no está regulado ni normado que un integrante del Cuerpo pueda realizar otra tarea que no sea la asignada por ley”.
El caso Balbuena
Los hechos que se juzgan ocurrieron desde que Balbuena se fue de FM La Tribu y Grinberg, con quien había ido a la escuela, lo invitó a participar de la Agencia.
Eso fue entre 2002 y 2013, cuando llegó el dato que destapó la verdad: el 5 de mayo de ese año, Nilda Garré, ex ministra de Seguridad, anunció el inicio de una investigación sumaria y pasó a disponibilidad a Balbuena.
A Ustares y Sánchez, en tanto, la Justicia les achacó "haber ordenado y/o promovido, formal o informalmente, en su calidad de Jefe de la División Análisis del Departamento de Seguridad y Estado de la Policía Federal (...) que Balbuena, en su carácter de oficial de inteligencia de la mencionada dependencia y ocultando información" desarrolle las tareas de espionaje en la agencia periodística.
"Fue una pelea de 10 años donde presentamos pruebas para llegar a este resultado, para demostrar que existen los organismos de inteligencia que realizan espionaje político y no son cuentapropistas", dijo Bregman, diputada nacional y abogada de la querella, al terminar la audiencia.
"Todo lo que denunciamos lo acreditamos en el juicio, incluso la magnitud que da cuenta del rol institucional con las condenas de los dos jefes de Balbuena", sumó Aufieri a PERFIL.
Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 5 de abril a las 14.
cp
