Américo Balbuena posa sobre un fondo celeste. Tiene una remera en tonos claros, la cara afeitada, cejas oscuras y prominentes, y su cabeza pelada. Luce así en la foto carné de la credencial de prensa que usó durante una década para presentarse como "corresponsal" de la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh.
En la parte superior izquierda de la tarjeta, tanto al frente como en el dorso aparece impresa la cara del periodista que le da nombre al medio de comunicación popular. En la parte de atrás predomina un texto típico de las credenciales de periodistas. "El portador de la presente está protegido por ley 12.908 en su labor periodística. Solicitamos a las autoridades toda colaboración para su desempeño", se lee.
Balbuena llegó a la agencia en 2002 después de un paso por FM La Tribu, donde lo veían con cierta desconfianza. Entró de la mano de su director y fundador, Rodolfo Grinberg, con quien había ido a la escuela y unos años más tarde se había reencontrado en una de las masivas movilizaciones de diciembre de 2001 que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
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Desde aquel entonces, Balbuena empezó a desempeñarse como periodista de la agencia, que ponía el foco de su agenda en todas aquellas noticias que los medios masivos pasan por alto. Eran plenarios de organizaciones sociales, asambleas, protestas en fábricas, escraches y otras actividades que lo convocaban a este pseudoperiodista para acercarse a militantes, sacar su grabador y empezar a preguntar.
Según la elevación a juicio firmada en marzo de 2020 por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral, que estuvo a cargo de la instrucción, Balbuena obtuvo información de organizaciones como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación Liberpueblo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento CUBA-MTR y el partido de los Trabajadores Socialistas, entre otros.
De crónicas como "El Espía de la Walsh", publicada por Anfibia, se desprende que Balbuena tenía avidez por preguntar. Más que cualquier otra cosa quería saber, ir más allá, conocer cuáles eran los pasos a seguir en los planes de lucha de las organizaciones o, incluso, las internas que tenían quienes las conformaban. Esa información llegaba, por medio suyo, a la Policía Federal, donde la esperaban Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez, jefes de la División Análisis.
Un dato terminó con la mentira
Once años después de su infiltración, un dato llegó a la Agencia Walsh. Con el pasar de los días se confirmó y se transformó en denuncia: el 5 de mayo del 2013, Nilda Garré, ex ministra de Seguridad, anunció el inicio de una investigación sumaria y pasó a disponibilidad a Balbuena, que habría simulado ser periodista durante 11 años sin contar que en realidad era parte de la fuerza federal.
Este, junto a los dos funcionarios policiales mencionados en el párrafo antes se enfrentará desde este martes 14 de marzo a un juicio oral y público acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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La denuncia de la Agencia Walsh se convirtió en una causa judicial que quedó radicada en Comodoro Py, con instrucción del ex juez federal Canicoba Corral.
A Ustares y Sánchez, en tanto, la Justicia les achacó "haber ordenado y/o promovido, formal o informalmente, en su calidad de Jefe de la División Análisis del Departamento de Seguridad y Estado de la Policía Federal (...) que Balbuena, en su carácter de oficial de inteligencia de la mencionada dependencia y ocultando información" desarrolle las tareas de espionaje en la agencia periodística.
Cómo será el juicio
El proceso oral y público arrancará mañana a las 12 del mediodía en la Sala Amia de Comodoro Py. Las otras dos audiencias serán el miércoles 15 desde las 9:30 y el jueves 16 desde las 12 horas. Está previsto que declaren ante el juez Daniel Rafecas y los fiscales Carlos Stornelli y Ariel Quety unos 15 testigos.
Según supo PERFIL, en la primera audiencia está previsto que declaren Rodolfo Grimberg (Agencia Walsh), Carlos Lordkipanidse, Claudio Dellecarbonara, María del Carmen Verdú y Alejandro De Massi (FM La Tribu). El miércoles, a su vez, será el turno de los dirigentes de izquierda Cristian Castillo, Gabriel Solano, Vilma Ripoll, Juan Carlos Giordano, y Oscar Castelnovo (Agencia Walsh). También está citado el ex asesor del Ministerio de Seguridad y ex ministro santafesino Marcelo Saín.
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Las audiencias terminarán el jueves con Diana Kordón, el perito informático Matías Castellani y dos testigos propuestos por la defensa: son Roberto Zegame, presidenta de la Cámara de Servicios Especializados Provinciales de Transporte de Pasajeros y Javier Echeverría, de la División Análisis de la PFA a la que pertenecían los acusados.
Estarán los querellantes Matías Aufieri, Myriam Bregman, Liliana Mazea y Pablo Platkowski.
"Costó, demandó muchos años. Creemos que hay muchísima prueba y que si llegó a juicio es porque todo va en el sentido de lograr una condena más allá de lo escuetas que son", dijo en declaraciones Aufieri a PERFIL.
La pena prevista en la figura es de dos años más la inhabilitación, sin expectativa de prisión. "Es una figura muy amplia que se les aplica cuando no hay penas más específicas. Recién en 2015 se reformó la Ley de Inteligencia que puso penas más específicas y más graves", indicó.
"Por la propia normativa que organiza al Cuerpo de Informaciones de la Federal, si bien podían tener otras ocupaciones como pantalla, había prohibiciones específicas como estar en una agencia de noticias. Acá ya hay una violación a la ley y por eso le cabe la acusación", dijo respecto a una de las principales pruebas en contra de Balbuena.
cp
