El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deslizó que el vicepresidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, podría ser llamado a indagatoria por la causa de espionaje ilegal en las cárceles. Lo hizo ante un planteo de uno de los procesados como "cuentapropista" del espionaje ilegal, el ex policía de la Ciudad Jorge "El Turco" Sáez, quien había pedido su declaración como "testigo".
"En relación a lo solicitado por la defensa de Jorge Horacio Sáez, esto es, la citación a prestar declaración testimonial de Natalia Rousillón, Juan José Baric, Leandro Borghetti, Fernando Manzanares y Alex Campbell, si bien el tribunal evalúa su convocatoria no puede soslayarse que conforme prueba incorporada y peticiones de las partes constituidas en el proceso, podrían ser eventualmente pasibles de ser convocadas en una calidad distinta de la pretendida por la parte", argumentó el juez.
Las personas pueden ser convocadas en el marco de una causa penal como testigos o imputados. "De momento, se tiene presente lo peticionado", resolvió el juez, al no hacer lugar por ahora al pedido de declaración testimonial. Campbell apareció sospechado de actividades de espionaje ilegal cuando la causa tramitó, en 2020, en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena.
Desde el 2015 al 2019, Campbell fue subsecretario de Asuntos Municipales del Gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.
En cuanto a los otros mencionados por Sáez en su escrito, Juan José Baric fue subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia bonaerense hasta diciembre de 2018 y actualmente es juez federal de La Pampa.
Natalia Rousillón fue la directora de la alcaidía de la cárcel de Melchor Romero, en La Plata; Leandro Borghetti era director provincial de Alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y Fernando Manzanares era el auditor general del Servicio Penitenciario y hombre cercano al ex ministro de Justicia Gustavo Ferrari.
Campbell estuvo en la mira de la investigación por presuntamente haber recibido informes sobre el obispo Jorge Lugones y el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, quienes figuraban en la lista de supuestos objetivos del espionaje ilegal.
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