El Consejo de la Magistratura quedó en el centro de la disputa política luego de que se venciera el límite de fechas que fijó la Corte Suprema. La Cámara de Diputados podría resolver el tema al aprobar el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, y tiene media sanción del Senado. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos demora una vez más el tratamiento.
Todavía falta mucho camino por trazar para llegar a esa nueva ley. No solo conseguir los acuerdos con la oposición, que ya se precipita una negociación compleja, si no también, integrar las comisiones.
Todavía es una incógnita si Rodolfo Tailhade seguirá en la comisión de Justicia y lo mismo con el pampeano Hernán Pérez Araujo en Asuntos Constitucionales. Ambas serían a las que se le daría giro, un trámite que todavía no ocurrió.
En paralelo, el oficialismo salió a contraatacar a la Justicia. El Frente de Todos en Diputados sacó un comunicado en el que subraya que la Corte no le dio el tiempo suficiente. Le exigieron al máximo tribunal que “arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días para que el Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura”.
Además, plantearon: “Así como la Corte tuvo 1.577 días para estudiar el expediente es de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación”.
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Por su parte, Sergio Massa, titular de la Cámara baja, convocó al constitucionalista Andrés Gil Domínguez porque “leyó una nota suya y le pidió reunirse para escucharlo” y “le interesa su opinión”.
El texto publicado en Infobae sostiene, en línea con el kirchnerismo, que es “inconstitucional” que “la presidencia vuelva a ser ejercida de forma permanente por el Presidente de la Corte Suprema” y también “que el Congreso sancione una nueva ley mediante la cual le otorgue la presidencia del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema de Justicia”. Esta última opción es a la que se aferra Juntos por el Cambio.
Además, Massa pretende crear en las próximas horas la Comisión de Petición, Poderes y Reglamento para empezar a tratar el tema con la oposición. ¿Qué dicen en Juntos por el Cambio? “Tiene que girarlo a las comisiones y constituirlas, que ya lo debería haber hecho”.
La Cámara alta aprobó la media sanción el pasado 7 de abril con 37 votos afirmativos. Esa misma noche, el titular del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, descartó la posibilidad de que se fuera a cumplir el plazo que fijó el máximo tribunal para que se sancione una nueva ley.
El argumento fue que no tenían el tiempo necesario para hacerlo. “Antes del 15 de abril hay que tener una nueva ley. Quedan cuatro días hábiles. El tiempo es muy escaso para darle en Diputados un tratamiento responsable a un tema de este calibre”, señaló Martínez el mismo 7 de abril. Sin embargo, en ningún momento tuvo garantizada la aprobación de la iniciativa ya que no contaba con los votos suficientes.
¿Golpe institucional de la Corte Suprema por aplicar su propio fallo? ¿En serio que la solución es que los jueces vayan a los barrios a juntar votos? ¡Quieren jueces al servicio del kirchnerismo y que nadie más tenga garantía de imparcialidad!
— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 18, 2022
Ministro #Soria: no delire más.
La preocupación de Juntos por el Cambio, en estas horas, está por otro lado. La coalición opositora acudió a un per saltum (un método para llegar directo al máximo tribunal frente a una urgencia) para que la Corte frene el accionar del juez de Paraná, Entre Ríos, Daniel Alonso. Este magistrado no permitió que se designen a la diputada Roxana Reyenes (UCR) y al senador Luis Juez (PRO) como representantes de las minorías parlamentarias en el Consejo de la Magistratura.
El titular del bloque UCR, Mario Negri, señaló: “Esperamos que el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado no pongan más obstáculos y rápidamente designen a quienes fueron propuesto, quienes representan a la segunda minoría en cada una de las dos cámaras, tal como establece la ley de 1997 a la que se retornó según el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006”.
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Qué necesita el Frente de todos en Diputados
En este escenario de altas tensiones políticas, el Frente de Todos va a necesitar de doce voluntades que los acompañen para llegar a los 129 votos. Si bien el lavagnismo no tiene una postura unificada, el voto de Alejandra Vigo (Córdoba Federal) en el Senado adelanta que los otros tres harían lo mismo. Este espacio responde en forma lineal a los intereses del gobernador Juan Schiaretti.
Mientras que Graciela Camaño, una de las que marca el pulso del espacio en temas judiciales, dejó una definición que podría abrir una negociación: “La Corte Suprema tiene que integrar el Consejo pero no presidir, y mucho menos tener doble voto”.
Los acuerdos que quedaron plasmados en el Senado y si se harán valer en Diputados son con el interbloque Provincias Unidas. Lo integran dos de Río Negro y dos de Misiones que responden a sus gobernadores también. Sin embargo, con estos cuatro no alcanzará para llegar al número necesario. Y posiblemente el Frente de Todos deba encarar una ardua negociación política y que el proyecto vuelva al Senado.
cp
