La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se sumó este martes 5 a los señalamientos al Poder Ejecutivo por el estado de las cárceles, lo que repercute en la decisión de excarcelar detenidos en el marco de la pandemia de covid-19. “Como primera cuestión y a propósito también de declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Nacional y de otros referentes políticos, las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructuras del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales”, apuntó la la agrupación que nuclea a magistrados de todo el país. Tras lo que agregó con dureza: “ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”.
El comunicado de la Asociación se sumó al que durante la jornada del lunes 4 dieron a conocer desde la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
Este martes, desde la Asociación de Magistrados también agregaron que frente a la situación actual, los jueces y juezas “deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales”. Y que esa decisión, “sea que resulte favorable o contraria al planteo, siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve”.
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Tras lo que agregaron que “es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros”.
Y que en “este particular escenario fáctico” es a los magistrados a quien “les concierne determinar el derecho que será afectado en menor medida para privilegiar de ese modo otro que podría resultar lesionado con mayor intensidad, siendo potestad y obligación de los administradores del sistema penitenciario articular las medidas necesarias para que tales situaciones no deban ser dirimidas en el ámbito jurisdiccional”.
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Luego de lo cual consideraron también que “resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve, pues para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”. La referencia es en respuesta a las advertencias de distintos sectores de la política que amenazaron con iniciar juicios políticos a magistrados por los otorgamientos de prisiones domiciliarias.
Comunicados en el mismo sentido. El comunicado de la Asociación fue en el mismo sentido que el de ayer de AAJEP y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. “Queremos llevar claridad ante los intercambios mediáticos y políticos en relación a la cuestión carcelaria frente al covid-19, convencidos de que la crisis institucional no puede primar sobre los principios básicos de un Estado de Derecho, menos aún en el transcurso de una pandemia”, sostuvieron desde la AAJEP.
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“Desconocer la evidencia científica y las circunstancias acaecidas en otros países del mundo, tanto como proponer mediáticamente soluciones de imposible concreción en nuestro país, conforman una irresponsabilidad manifiesta. Así como también lo ha sido sancionar reformas legales asistemáticas y espasmódicas, cuya aplicación nos ha llevado a la sobrepoblación carcelaria”, agregaron en relación a la responsabilidad de los otros Poderes en el tema.
Luego de lo cual también se refirieron a las advertencias de posibles juicios políticos en sus contras por las decisiones que eventualmente tomen. “Soportar en este contexto de crisis la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos e impulso de reformas legislativas tendientes a legitimar esos procesos, -por el contenido de las decisiones jurisdiccionales adoptadas- constituye sin dudas una afectación directa a la independencia judicial”.
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Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, se enfocó en el estado de las cárceles y detalló cómo, en diciembre de 2019, la población carcelaria duplicaba el número de plazas. A lo que agregaron que, “si bien hoy la tendencia es decreciente todavía hay 45 mil internos para 24 mil lugares”. A lo que agregaron: “los datos son contundentes: las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense en el cual nos desempeñamos”.
Luego indicaron que “las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, no compramos tobilleras, sino que actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional”.
Al tiempo que también rechazaron “la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales”.
CP
