Diputados de Cambiemos impulsan que antes de que finalice el período ordinario se trate el proyecto de ley de “ficha limpia”, con el fin de evitar que caduque el dictamen el próximo 30 de noviembre. La iniciativa consiste en que aquellas personas que estén condenadas por la Justicia en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.
De esta forma, proponen que se incorpore al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos 23.298 un inciso en el que se incluya la prohibición para postularse a las personas condenadas por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Se trata de un proyecto que había logrado dictamen en 2017 en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo contó con el respaldo de bloques afines y el Frente Renovador, hoy aliado con el kirchnerismo en el Frente de Todos, que en esa oportunidad no había apoyado el texto.
Diputados avanza con el proyecto "ficha limpia", que impide candidatos condenados por corrupción
El 6 de agosto de 2019, una vez más, el proyecto obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con el respaldo de la mayoría de las bancadas, pero nunca se trató en el recinto y por eso corre riesgo de caducar el próximo 30 de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias.
El vicepresidente segundo de la Cámara baja, Luis Petri, consideró “fundamental” que quienes “le robaron posibilidades y esperanzas al pueblo argentino queden lejos de las responsabilidades públicas y de los espacios donde debe reinar la transparencia que la República reclama”, según dijo a El Parlamentario.
Respecto de la iniciativa, explicó que propone exigir a quienes sean nuestros representantes “similares condiciones que las que se exigen para ingresar en un empleo público o privado”, como así también sostuvo que “reclamar probidad y honestidad es indispensable para mejorar la calidad de la representación".
Por su parte, la diputada Brenda Austin manifestó que quieren evitar que pierda estado parlamentario una vez más, como ya ocurrió en 2017. “Ya vimos cómo perdió estado parlamentario en su momento. No queremos que pase de nuevo. Nos merecemos saber en una votación quiénes están en contra", dijo la legisladora.
En el debate en las distintas comisiones se abordó el grado de sentencia que imposibilitaría la candidatura de una persona, y se llegó al acuerdo de que se extenderá “desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso, hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Si bien también en el debate también hubo diferencias respecto de la incorporación de una serie variada de delitos, se le dio dictamen a la opción de que sea solo a los delitos contra la administración pública.
A.G./ CP
