El Tribunal Oral Federal 2 juzga si la expresidenta Cristina Kirchner fue o no la líder de una asociación ilícita que se dedicó a redireccionar contratos de obra pública en favor de un amigo de su familia, Lázaro Báez, con sobreprecios y con retornos de por medio.
La acusación tiene sus puntos fuertes y otros que muchos (inclusive dentro de Comodoro Py) ven más endebles.
Los más fuertes:
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- De la noche a la mañana: Las sociedades que armó Lázaro Báez y a través de las cuales se adjudicó distintas licitaciones se armaron poco tiempo antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, en 2003. Báez obtuvo 51 contratos para la realización de obras viales en el período 2003-2015. “Existe una persona que tenía un vínculo directo con la familia y que se convirtió de la noche a la mañana en el máximo receptor de obra pública de Santa Cruz”, explicó a PERFIL el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
- Relación comercial con el investigado: En paralelo a la ejecución de obra pública, Báez alquilaba habitaciones a hoteles que pertenecían directamente a la familia presidencial, bajo las sociedades de Hotesur y Los Sauces en las que estaban inscriptos los Kirchner. Báez era, en definitiva, socio de la familia.
- “En todas las provincias”. Un argumento utilizado por Cristina en su defensa es que era común que en una provincia una misma empresa hiciera varias obras porque disponían del personal en el lugar y también de la maquinaria, lo que abarataba los costos. Este argumento es visto como insuficiente como para justificar la adjudicación de una obra y es eso lo que, para la Justicia, probaría el direccionamiento.
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Puntos débiles:
- El origen. Lo analiza la Corte Suprema y es uno de los puntos más críticos de la causa. La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de queja argumentando que la causa de Vialidad había sido juzgada en 2011, cuando el mismo juez que la llevó a juicio oral, Julián Ercolini, se declaró incompetente en estos mismos hechos y envió el caso a Santa Cruz. Si la Corte avala el concepto de cosa juzgada, el juicio será nulo.
- La asociación ilícita. “Cuando hablamos de corrupción estructural en obra pública el fiscal tiene que probar que quien recibió el contrato, cobró y no hizo la obra; o que hizo la obra por la mitad; o que cobró sobreprecios. Y que además hubo un direccionamiento y que ese direccionamiento fue impugnado debidamente en el momento. Y que si no fue así hubo alguna amenaza de por medio”, explicó Gil Domínguez. Y agregó que es muy difícil probar que la presidenta de la Nación conformó la asociación y daba las órdenes.
- Los acusados. Otro punto que puede considerarse endeble en el marco de una asociación ilícita es la ausencia de imputados que deberían contemplarse de acuerdo a la estructura y la cadena de mando dentro del Poder Ejecutivo. En algunos casos, fueron llamados a declaración testimonial, pero no como imputados.
MC
