"El Poder Judicial argentino apesta", dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner al denunciar que el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani "juegan en el mismo equipo" por aparecer en una foto en la quinta del expresidente Mauricio Macri.
"He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta", dijo al finalizar un hilo de Twitter en el que mostró la cercanía de los funcionarios de la Justicia que la investigan con dirigentes de Juntos por el Cambio.
"Todo hace juego con todo", escribió. "Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el 'mismo equipo' pero ese día faltó al partido".
El fiscal Luciani acusa a Cristina Kirchner de integrar "una asociación ilícita" para defraudar al Estado durante su gobierno, en presuntos delitos que comenzaron en la anterior presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner.
El Ministerio Público Fiscal "tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado", dijo Luciani al comenzar con la etapa de alegatos.
En la segunda foto que posteó en un hilo de Twitter, la jefa del Frente de Todos marcó a Roby Martínez, cuñado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien menciona como "candidato presidencial de Cambiemos para el 2023".
"Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al Juez Cassanello en Olivos", dijjo.
En una tercera imagen de las publicadas en el diario Página 12, Cristina Kirchner escribió: "¿Querés conocer más jugadores? También está Jaime Méndez, Intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer estuvo con Macri en recorrida política por la localidad".
El juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria abrió el lunes 1 de agosto la etapa de alegatos, en un caso que, de ser condenada, podría inhabilitarla.
En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
El fiscal Luciani adelantó que a lo largo de las siguientes audiencias de alegatos se propone "probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos".
Según el fiscal, "hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados" para la realización de las obras que, aseguró, generaron "inconmensurables pérdidas para el Estado" y "siguen sin terminarse".
Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) había considerado "irresponsable avanzar en una acusación" al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El fiscal manifestó su descontento con la decisión de UIF, a la que acusó de "tergiversar de manera grosera el sentido de la prueba". "Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara por qué descartó la cantidad de prueba", dijo.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de covid-19. Si llega a ser condenada, Kirchner quedará inhabilitada políticamente.
ds
