La vicepresidenta Cristina Fernández reiteró este ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su denuncia de "lawfare" contra ella y exfuncionarios kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri. La denuncia acusa al gobierno anterior de presunta "persecución" el caso del Memorándum con Irán y del encubrimiento del atentado a la AMIA, según adelantó la agencia Télam.
A través de sus abogados, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, la vicepresidenta dijo que entre 2015 y 2019 "se concretó la afectación de garantías judiciales en un contexto de discriminación política y persecución". "A partir de la asunción del gobierno macrista, en nuestro país tuvo lugar un proceso judicial absolutamente viciado e irregular con victimas directas en nuestros asistidos", dice la presentación.
Los abogados denunciaron la existencia de "un proceso que procuró afectar, además, los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo gravísimas consecuencias respecto de la salud y la integridad de Héctor Timerman, hasta matarlo". Asimismo, solicitaron que "evalúen la posibilidad de convocar en el próximo periodo de sesiones (de la CIDH) a una audiencia temática para analizar la problemática de persecución judicial conocida como "lawfare" en la región".
Los denunciantes mencionan en su presentación que "se hicieron públicas las declaraciones de una jueza que integró aquella Cámara Federal de Casación Penal (Ana María Figueroa), que entonces fue muy crítica del accionar irregular de sus colegas, y que ahora refirió las presiones que sufrió entonces por parte del gobierno macrista para fallar en este asunto".
En una entrevista radial, el pasado sábado, Figueroa dijo haber recibido "muchas presiones durante el gobierno de Cambiemos" y agregó que "un funcionario que estaba por debajo del exministro de Justicia, Germán Garavano, ha venido a mi despacho para apurarme con el fallo del memorándum con Irán". “En ese momento les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más a mi despacho", contó la magistrada, que reveló que esa fue la única vez que intentaron presionarla personalmente.
Peñafor y Rúa afirman en su presentación que durante el anterior gobierno hubo "violación tanto del principio que impide la doble persecución penal como de las garantías de juez natural y tribunal imparcial". "Ya con esa ingeniería institucional manipulada, con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y en ese marco de discriminación y persecución, se avanzó en la instrucción de un proceso irregular, según también ya se lo denunciara", sostuvieron.
DS
