La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó hoy un doble anuncio: presentó "Cerdo y Lácteos para Todos", uno de los tantos programas oficiales con el slogan "Para Todos", y también introdujo el primer Digesto Jurídico Argentino, que depurará las leyes que ya no estén en vigencia.
La mandataria esta vez no recomendó "comer un cerdito en lugar de tomar Viagra". En cambio, destacó que la carne vacuna argentina "es la mejor del mundo", pero señaló que "si se produjera más carne porcina sería bueno".
Los camiones oficiales del programa comenzarán a recorrer mañana el barrio porteño de Mataderos, en una iniciativa conjunta con la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), que conduce Juan Uccelli. Con entre 30 y 40 pesos se podrán comprar hasta cuatro kilos de diversos cortes de carne porcina.
Luego, Cristina pasó a explicar el Digesto Jurídico: sostuvo que de las 32.204 leyes de nuestro sistema jurídico "sólo han quedado en pie menos del 10 por ciento". Y destacó las "perlitas que hemos encontrado", como una norma que "ordenaba los fusilamientos de junio de 1956 y, otra, penaba a los funcionarios que azotaban ciudadanos".
"En este proyecto de ordenamiento jurídico trabajaron 200 profesionales desde 2005", afirmó la presidenta. "Se trata de un inmenso acto de calidad y orden institucional, de una verdadera y auténtica política de Estado. El Parlamento ahora lo controlará y simplificará", señaló. Y concluyó que con más de 32.000 leyes "ningún ciudadano podía conocer sus derechos".
En 1998, el Congreso, con mayoría menemista, sancionó la ley 24.967 que fijó la base y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes generales vigentes, mediante una suerte de compendio que agrupara todas las normas en veintiséis ramas del derecho.
El proyecto quedó suspendido porque "en el año 1999, el gobierno de la Alianza contrató los servicios de la Universidad Nacional de Buenos Aires, luego hubo algunos problemas, hay una causa penal, pero no vamos a hablar de las cosas que no salieron bien", recordó Cristina Fernández.
En diciembre de 2001, el presidente interino Adolfo Rodríguez Sáa propuso la caducidad de todas las leyes que no sean ratificadas por el Congreso dentro de los seis meses. La idea quedó en la nada, porque el puntano sólo gobernó durante una semana.
En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner anunció en el Congreso la decisión de continuar con esa iniciativa.