El cierre de fronteras que dispuso el Gobierno para reducir el impacto del coronavirus en la Argentina está teniendo un efecto no deseado para la población del noroeste: escasea la hoja de coca, tradición ancestral para los jujeños y salteños, y la que se consigue aumentó cinco veces su precio. En ese marco, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le realizó un pedido a la Justicia y a la AFIP para que le entreguen la coca incautada para distribuirla de manera gratuita.
El desabastecimiento está generando en los kioscos de la zona un impacto similar a la falta de cigarrillos en el ámbito metropolitano. Para muchos comercios minoristas, la bolsita de coca es una puerta de entrada para vender otros productos. Según cuentan las fuentes consultadas, hace dos meses el kilo de coca común en La Quiaca (frontera con Bolivia) se conseguía por $ 1.800, hoy sale entre $ 10.000 y $ 12.000. En las grandes ciudades, el cuarto de kilo se conseguía por $ 500 o $ 600 y hoy la bolsa de 100 gramos se está consiguiendo en los kiosco por alrededor de $ 1.500.
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“No se consigue la coca y está re cara, y se queja todo el mundo. Y yo también me quejo”, expresó Morales el lunes por la noche en una conferencia de prensa. Allí, relató también el pedido que le hizo a la Justicia Federal y a la Aduana para que la coca incautada en causas de contrabando le sea entregada al gobierno provincial.
El objetivo, según explicó, es implementar un protocolo para que sea distribuida de manera gratuita a “las comunidades indígenas y a los trabajadores del campo y de la construcción, dejando abierta la posibilidad para ser entregada a otros sectores”. Según la ley nacional de estupefacientes, el coqueo o la utilización de la hoja para infusión es legal. “Les he pedido que no la quemen, que por favor la entreguen”, contó el gobernador radical.
El tema llegó también al Congreso
El diputado Jorge Rizzotti presentó un proyecto de declaración solicitando que “el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca”. El cierre de fronteras dispuesto en el marco de la pandemia cerró el ingreso del insumo desde Bolivia.
En la frontera La Quiaca-Villazón, Gendarmería permite pasar hasta un cuarto de coca y hay locales autorizados en la Ciudad donde se puede comprar hasta 3 kilos. La mayor parte, no obstante, pasa por pasos clandestinos o en vehículos que logran evadir los controles. El escenario actual es una señal de que la mayoría ingresa por las rutas habituales y esquiva las requisas, porque sino no habría desabastecimiento.
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En ese sentido, el diputado Rizzotti anticipó también que en las próximas semanas presentará un proyecto de ley para reformar el estatus normativo de la hoja de coca. Entre otras cosas, buscará regular el ingreso desde Bolivia y el comercio minorista, tomando en cuenta la ley del país vecino, que incluso certifica la producción y propicia su cultivo como producción agrícola.
GZ / DS
