Este año, la agenda parlamentaria de varias fuerzas políticas se ocupó de lo que pasa en el sindicalismo, tocando un punto neurálgico para el ámbito gremial: la modificación de la ley de asociaciones sindicales para determinar cambios en la representación de los trabajadores, por un lado, y para garantizar la representación del cupo femenino en los cargos directivos, por otro.
La primera iniciativa corresponde a una diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, y apunta a transformar el artículo 45 de la ley de asociaciones sindicales para aumentar la cantidad de trabajadores por delegado, una medida que, de acuerdo con la propuesta, beneficiaría a las pymes. La legisladora de la fuerza de Carrió expuso que es necesario adecuar la representación sindical, elevando a 20 la base de empleados exigida para “designar un representante sindical en el establecimiento”. “Asimismo, se modifica el criterio vigente, proponiendo que la representación sindical designada abarque todos los turnos que hubiera en la empresa”, agregó.
En sus fundamentos, Frade señaló que las pequeñas y medianas empresas están marcadas por las dificultades económicas y es necesario “morigerar las exigencias que pesan sobre el sector mencionado, a la hora de organizar y disponer de los planteles de trabajadores”.
Otro proyecto que ingresó al Parlamento para su debate es uno que elaboró Silvana Ginocchio, diputada del Frente de Todos por Catamarca, que también busca cambiar la ley de asociaciones sindicales, pero para garantizar el cupo femenino en la ocupación de cargos directivos y representativos, esencialmente.
Según el texto, los estatutos de los gremios deben asegurar la paridad de género y la efectiva participación de todos los afiliados en la vida interna de la asociación, “garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales”. Asimismo, propone una capacitación en derechos colectivos “con perspectiva de género y sobre erradicación de la violencia” y cambia las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos. Entre las principales alteraciones, se expresa como condición para asumir un cargo “no tener inhibiciones civiles ni penales” y afirma que “la representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales será de un mínimo del 50% (cincuenta por ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores”.
“La igualdad de género plena, cultural, social y económica es estratégica en la búsqueda de progreso, desarrollo inclusivo y sostenido para el bienestar general. La participación y situación de la mujer en las organizaciones sindicales es un tema de actualidad que no reconoce fronteras en el mundo del trabajo y que se relaciona con el trato equitativo y la igualdad de oportunidades como punto de partida, y por otro la libre organización de trabajadores”, expresó la legisladora de la coalición oficialista acerca de su iniciativa.
