El juez federal Daniel Rafecas rompió el silencio luego de la solicitada para pedir su remoción del cargo y definió como “presión brutal” el pedido público de un colectivo de más de 340 personas de la colectividad judía, los medios de comunicación, el radicalismo y el ámbito jurídico para que sea apartado de sus funciones. “Creo que fue un acto de presión brutal contra la independencia judicial”, afirmó a PERFIL desde los Estados Unidos, donde el magistrado se encuentra por cuestiones familiares.
La solicitada del jueves sostiene que Rafecas desestimó “en tiempo récord” la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA.
Frente a la primera solicitada, otro grupo de personalidades públicas organizó otro documento para respaldar a Rafecas, que se dio a conocer hoy en Página/12 y PERFIL. Los firmantes sostienen que Rafecas está siendo “víctima de una maniobra impulsada por los medios dominantes y las corporaciones económicas”, lo que “afecta gravemente al Estado de derecho”.
El apoyo a Rafecas fue firmado por dirigentes de derechos humanos, periodistas, juristas, políticos y artistas del kirchnerismo, el peronismo y la izquierda, incluidas Taty Almeida y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Héctor Recalde, y los massistas Felipe Solá y Alberto Fernández. También firmó a su favor el legislador Gustavo Vera, un hombre cuyo apoyo lleva implícito el visto bueno de un personaje central: el Papa Francisco.
En 2015, el fiscal Gerardo Pollicita había impulsado la denuncia de Nisman por el supuesto encubrimiento por parte de CFK y el ex canciller Héctor Timerman del atentado a la AMIA. Rafecas la desestimó porque consideró que no había pruebas para sostener un delito a investigar y la causa quedó archivada. El avance contra el juez va de la mano con la estrategia para revivir la denuncia de Nisman y volver a poner a la ex presidenta y a Timerman en el centro de una causa con peso internacional. “Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, sostiene la solicitada en su contra.
Rafecas se negó a reabrir el expediente hace semanas cuando el fiscal Germán Moldes acusó a CFK de traición a la Patria. La solicitada no tardó en llegar. Influyó también una pelea con el diputado del PRO Waldo Wolff por una supuesta amenaza durante una discusión por el caso AMIA.
El juez tiene dos denuncias por este caso ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de juzgar a los magistrados, pero la presentación apuntó a ponerlo en el ojo público. Desde la llegada del macrismo al poder, Rafecas integra una lista negra de jueces que el Ejecutivo ya no quiere en los tribunales. Pero el Gobierno no avanza formalmente contra el magistrado. Su situación parecía haber entrado en etapa de tregua cuando el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, le dio un respiro. Sin embargo, su negativa a reabrir la causa del memorándum volvió a complicar su situación.
Sus detractores sostuvieron en la solicitada que “es un deber cívico reclamar la destitución”. El pronunciamiento llevó las firmas de los periodistas Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco; los empresarios Eduardo Elsztain, Gustavo Grobocopatel y Julio Saguier; y los políticos Elisa Carrió, Graciela Fernández Meijide, y el ex presidente Fernando de la Rúa –investigado por Rafecas por las coimas en el Senado–, entre otros.