sábado 08 de mayo de 2021
POLITICA
10-02-2021 20:30

La historia detrás de los "dos mangos" de Karina Moyano, la hija de Hugo

Comenzó con un allanamiento en 2018 y el secuestro del dinero. El préstamo de la familia, el rol de la justicia y el derrotero en tribunales de un grupo bajo la lupa.

10-02-2021 20:30

Para justificar cómo tenía casi medio millón de dólares en su casa, Karina Moyano señaló a sus padres y hermanos. También al abogado Daniel Llermanos. Pero no fue la única que, en medio del escándalo que explotó esta semana, agitó las aguas en vez de calmarlas. Su padre, el sindicalista Hugo Moyano, la defendió con un insólito argumento: dijo que los medios armaron un escándalo por "dos mangos".

Pero la cifra era un poco mayor a "dos mangos": en total, se secuestraron 436.670 dólares y 600 mil pesos, en el marco de una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ese dinero le fue devuelto, en un escándalo judicial que puso como protagonista al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena

Quién es Karina Moyano

Nacida en 1973, de perfil bajo y psicóloga social, Karina es la mayor de las dos hijas mujeres del líder de Camioneros. Nació después de Pablo, delfín de Hugo, y quien más problemas judiciales acumula.  

Pero Karina saltó a los titulares de las noticias por un allanamiento que tuvo origen hace más de dos años. Fue en su casa de la calle Inclán, en Parque Patricios, por una causa que involucraba a la hija de su entonces pareja. La joven, identificada como Macarena Acervey, era investigada en una causa de lavado de activos vinculado al  narcotráfico. La justicia llegó al lugar donde tenía domicilio. Resultó ser la casa de Karina Moyano. 

Allí se produjo el secuestro del dinero, que desde entonces estuvo a resguardo de la justicia. Eso fue hasta el filo del fin de la feria de verano, cuando Villena aceptó el pedido de devolución del dinero a Moyano, en un caso que no era suyo. El expediente estaba en el juzgado de su par Juan Pablo Augé, a quien Villena subrogaba. Augé se había negado sistemáticamente a devolver de momento el dinero y la decisión de Villena rebatió, llamativamente, eso, lo que fue revelado esta semana por el diario La Nación. 

El juez Villena fue denunciado por haber devuelto el dinero y enfrenta una acusación en el Consejo de la Magistratura

Esa resolución originó que Villena fuera denunciado por los fiscales del caso, Cecilia Incardona, de Lomas de Zamora, y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Y ahora es investigado por posibles irregularidades en el caso, a lo que podría sumarse una presentación en su contra en el Consejo de la Magistratura. Además Augé ordenó la nulidad de esa medida y que se devuelva el dinero que debe seguir en resguardo de la justicia. 

El allanamiento a la casa se dio en septiembre de 2018 y desde entonces el dinero quedó a disposición de la justicia. En tanto que a la hora de intentar recuperarlo, Karina Moyano sostuvo que le pertenecía y correspondía a: "préstamos e incluso donaciones de mis padres y hermanos durante un tiempo extenso que no puedo precisar con exactitud, pero tengo la certeza de que esa conducta solidaria se inició antes del comienzo de 2016". Sostuvo que "el objetivo de la ayuda económica consistía en conformar una sociedad con aquel (su entonces pareja y padre de la detenida), una empresa familiar de logística destinada fundamentalmente al rubro fletes". No presentó documentos que den cuenta de eso, así como tampoco entregó constancias de los 80 mil dólares que, aseguró, le prestó Daniel Llermanos.

Las causas de los Moyano

Hugo Moyano, es investigado en varias causas en distintos fueros y jurisdicciones como la justicia federal de Quilmes, Comodoro Py, Morón, Córdoba, y Lomas de Zamora, así como en el fuero en lo Penal Económico. Los frentes judiciales no sólo se reducen a él sino también a su hijo Pablo, su mujer Liliana Zulet, y los hijos de esta, Juan Manuel Noriega Zulet y Valeria Salerno. 

La propia Zulet es protagonista de varios de ellos. Zulet es la tercera mujer de Hugo, se conocieron en una conciliación extrajudicial y ella es la mujer detrás de Dixei, Iarai y Aconra, las empresas que la justicia tiene bajo la lupa en la gran mayoría de las distintas causas. 

El expediente que más puede comprometer al clan Moyano está en el edificio de la justicia federal en Retiro. Allí se lleva adelante la causa que comenzó en 20111 y se amplió en 2018, tras la presentación y ampliación de Graciela Ocaña, por presuntos delitos de acción pública. En ese expediente se ordenó  un peritaje integral que abarca tanto sobre las empresas vinculadas a la familia (Iarai, Dixey, Aconra), junto con el Sindicato, la Obra Social (la Nacional y la de Ciudad), la Federación, y la Mutual como sobre el grupo familiar de Moyano y de Zulet. La hipótesis de investigación es que puede estarse ante la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta. Porque mientras hay un sindicato superavitario, la obra social va a pérdida en contraposición a las empresas proveedoras (vinculadas al clan familiar) que reciben cifras millonarias. 

Juez Federal Federico Villena.
El juez Villena, en la mira.

El juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, recibió en enero de 2018 la denuncia por presunto lavado de dinero, tras la declaración del barra de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez, en la causa de Avellaneda. En tanto que en la justicia federal de Morón está la causa en la que desde diciembre de 2017 están imputados Hugo y Pablo Moyano, Zulet; Noriega Zulet y Salerno, investigados por posible delito de lavado de dinero a través de la compra de propiedades. 

Otra de las causas que enfrenta el líder de Camioneros  está radicada en la provincia de Córdoba, donde se investiga la compra de unos terrenos vecinos al hotel que Camioneros tiene en la ciudad de La Falda, tras una denuncia de Procelac. 

De acuerdo a la documentación en el expediente, el gremio pagó unos $6.000.0000 por la compra de esos terrenos cuando, tres meses antes, los vendedores lo habían adquirido por un monto casi 20 veces menor: $310.000. La maniobra está sospechada de ser una sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio. En tanto que en Penal Económico tramita otro expediente que surgió tras una denuncia del organismo, a comienzos de 2018.

CD/MC

 

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