La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó su cuenta de X para denunciar las medidas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad. En su mensaje, detalló las limitaciones a sus visitas y movimientos.
"Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa", escribió Kirchner, refiriéndose a su prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, Buenos Aires, donde cumple la condena con una tobillera electrónica. Además, señaló: "Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos".
La expresidenta cuestionó las restricciones a sus relaciones personales: "El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles".
Kirchner también aludió a la pérdida de sus derechos políticos, tras ser inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos: "De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo". En tono irónico, cerró su mensaje cuestionando: "¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?".
La causa Vialidad que condenó a Cristina Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa conocida como "Vialidad".
La sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal el 14 de noviembre de 2024 y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 10 de junio, agotando todas las instancias de apelación en el sistema judicial argentino.
La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015). Según la acusación, estas obras fueron otorgadas de manera irregular al empresario Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner y propietario del grupo Austral Construcciones, considerado por la Justicia como un testaferro.
El perjuicio al Estado fue estimado en más de 84.000 millones de pesos (equivalentes a unos 532 millones de dólares al tipo de cambio de 2019, según la pericia judicial). La fiscalía sostuvo que existió una "asociación ilícita" liderada por Kirchner para desviar fondos públicos a través de sobreprecios, pagos por obras inconclusas y licitaciones direccionadas.
El juicio, que comenzó en mayo de 2019, incluyó a 13 imputados, entre ellos Báez, y exfuncionarios como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad José López. Kirchner fue absuelta del delito de asociación ilícita, pero encontrada culpable de administración fraudulenta, lo que derivó en la pena de prisión y la inhabilitación política.
Tras la confirmación de la sentencia por la Corte Suprema, el Tribunal ordenó el 10 de junio que Kirchner se presentara en un plazo de cinco días hábiles en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, para ser notificada de su detención. Este martes, se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, debido a su edad (72 años), conforme al artículo 32 de la Ley 24.660, que permite este régimen para mayores de 70 años.
Feministas bailan con tobilleras de flores en protesta a la condena a Cristina Kirchner
Se le impuso el uso de una tobillera electrónica con monitoreo satelital y restricciones estrictas, como la prohibición de realizar apariciones públicas, salvo autorización judicial, y la limitación de visitas a su núcleo familiar, abogados y médicos, con la exigencia de un listado previo.
La expresidenta denunció ser víctima de "lawfare", un término que describe una supuesta persecución política coordinada entre sectores judiciales, mediáticos y políticos opositores para neutralizarla electoralmente. Su defensa, liderada por el abogados Carlos Beraldi, presentó recursos ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Justicia (CIJ), que solicitan medidas cautelares y revisión de la condena por presuntas violaciones al debido proceso.
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