POLITICA
derecho a huelga

Debate por el alcance del fallo de la Corte

En medio de una fuerte tensión sindical, el máximo tribunal emitió este martes un fallo que limitó el derecho a huelga.

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En medio de una fuerte tensión sindical, la Corte Suprema emitió este martes un fallo que limitó el derecho a huelga. A pesar de que restringe a las agrupaciones con personería gremial o inscripción simple la capacidad legal de activar una medida, deja abiertos interrogantes que moderan la capacidad de afectar la ola de protestas y paros en curso.

El caso en cuestión se refiere al despido de un trabajador de Correos Argentinos, Francisco Orellano, previa a su privatización. Sin embargo, el fallo del máximo tribunal emitió un dictamen que abordó la interpretación de la norma constitucional que garantiza el derecho a huelga, el artículo 14 bis. Indicó que sólo las entidades reconocidas podrían convocar a una medida. Y así dejó abierto el interrogante sobre aquellas protestas convocadas por otras instancias gremiales. En ese sentido, cinco abogados laboralistas consultados coincidieron en señalar que no se restringe expresamente la capacidad de comisiones internas opositoras, como las que actuaron en los resonantes conflictos de Lear, Gestamp o Kraft, puedan llamar a un paro.

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También hubo coincidencia en que se fortalece el rol del Estado, porque el ministerio de Trabajo es quién define la inscripción simple. “Ahora el Estado decide quién tiene derecho a huelga”, sintetizó Agustín Comas, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

El representante legal de Orellano, Matías Cremonte, anticipó a PERFIL que ahora “el tema volverá a la Cámara, donde puede salir un fallo favorable porque está acreditado que las acciones estaban enmarcados en un conflicto sindical”. En tanto, evaluó como “negativo” el fallo porque “no considera que en la historia siempre ha venido primero la huelga antes que la formación del gremio”.

También indicó que no excluye la posibilidad de apelar la medida en tribunales internacionales. El director del área de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó que ahora “el movimiento de trabajadores tiene que dar una discusión para ver si eleva la cuestión al sistema interamericano y el Naciones Unidas”.