Después de la derrota del kirchnerismo en las últimas elecciones, los problemas judiciales de Luis D'Elía, lejos de solucionarse, se profundizan. A las dos causas que tiene abiertas (por su "odio a los blancos, y por agresiones durante el conflicto con el campo), se suma una nueva por interrumpir el tránsito durante una manifestación.
El titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) afronta un juicio oral y público por haber obstaculizado el tránsito en la Capital Fedral el 8 de mayo pasado. Ese día, marchó junto a varios movimientos sociales desde Liniers hasta Plaza de Mayo, para reclamar lugares en las boletas del kirchnerismo para las últimas elecciones legislativas. "Queremos morochos en las listas", reclamaba entonces.
El fiscal contravencional Claudio Silvestri elevó la causa a juicio oral, que estará a cargo de la jueza local Cristina Lara. Las contravenciones que se le imputan a D'elía contemplan penas de entre 2 y 10 días de arresto, trabajos de utilidad pública y multas, informó la agencia de noticias DyN. Sin embargo, el abogado de D'Elía denuncia que no se están cumpliendo con los procedimientos procesales correspondientes.
"Queremos expresar nuestro rechazo a que nos enteramos por los medios de la situación de la causa", dijo Adrián Albor, representante legal de la FTV. En diálogo telefónico con Perfil.com, el abogado sostuvo: "Tenemos un domicilio constituido, no estamos rebeldes, deberíamos haber sido notificados antes".
"D' Elía se tendría que enterar del estado de la causa por cédula, no por los medios, evidentemente hay un interés por perjudicarlo", agregó. Albor sostiene que la causa no puede elevarse a juicio oral porque hicieron un pedido de excepción que aún no fue respondido por el juez. "Quedan cuestiones pendientes del trámite, pedimos la declaración del Ministro del interior, del jefe de la SIDE, nunca se nos convocó", reclamó.
"Hay algún interés del poder político, de Mauricio Macri, de hacerle creer a la gente que para manifestarse tiene que pedir permiso. Eso no lo dice la ley, sería inconstitucional; la norma exige dar aviso a la autoridad competente", explicó el abogado a Perfil.com.
Albor argumentó que hubo debida notificación de la marcha: "Se le dio aviso al jefe de la Policía Federal; dos días antes, el Ministro del Interior (Florencio Randazzo), había sido notificado en persona, con testigos. Además, se convocó a una conferencia de prensa", afirmó.
El abogado criticó al Jefe de Gobierno Porteño: "Macri dijo 'los fiscales ya están actuando, D'Elía no pidió permiso', cuando en un sistema republicano en teoría los fiscales son independientes". Por último, sostuvo que el cargo que se le imputa a su defendido no se aplica en este caso: "Al tratarse de una movilización, en la cual el corte de la calle es muy breve, tampoco se da el corte contravencional", concluyó.
D'Elía enfrenta otras dos causas judiciales por sus manifestaciones públicas. La primera es por golpear a un manifestante durante el cacerolazo contra el gobierno del 25 de marzo de 2008. En la otra está acusado de instigar a la violencia con sus célebres frases "odio a los blancos" y "odio a la puta oligarquía", entre otras.