El Frente Grande de Córdoba realizó una denuncia penal contra Elisa Carrió y tres legisladores de su partido, la Coalición Cívica-ARI, por haber denunciado, a su vez, al presidente Alberto Fernández acusándolo de envenenar a la población. La referente de Juntos por el Cambio había denunciado al mandatario por compra y aplicación de la vacuna rusa Sputnik-V contra el coronavirus.
Enrique Viqueira, presidente del partido cordobés, sostuvo en diálogo con la agencia Télam que la acusación fue realizada por los abogados del Frente Grande a Carrió y los legisladores Juan Manuel López, Mónica Frade y Mariana Stilman.
De acuerdo a los letrados, los integrantes de la Coalición Cívica incurrieron en el delito de “propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, asociación ilícita y por infundir temor y desconfianza pública”.
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La denuncia de Carrió contra Alberto Fernández
Tanto Carrió como los integrantes que forman parte del partido que creó habían denunciado en diciembre de 2020 a Alberto Fernández y al por entonces Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. En la acusación justificaban que se pretendía envenenar a la población con la vacuna rusa y que constituía un "atentado a la salud pública, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El 23 de febrero de este año, el fiscal Guillermo Marijuan corrió el traslado al juez Sebastián Casanello para desestimar la acusación, considerando que no existía delito.
Los abogados Miguel Eduardo Romero, Aukha Barbero, Enrique Fernández, Valentina Enet y Horacio Viqueira del Frente Grande, radicaron la denuncia el lunes en la Fiscalía 3 de Córdoba que esta encabezada por Maximiliano Hairabedian.
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En esa línea, desde el Frente Grande afirman que la posición de Carrió y los legisladores tenían una “clara especulación política de confrontación con el Gobierno”, y que paralelamente incurrieron en la generación de “temor y la zozobra social para convencer e impedir que los ciudadanos en general, que se vacunen”.
Para los juristas, esto constituye un problema de envergadura porque muchos argentinos “pueden llegar a decidir no vacunarse, exponiéndose así a las consecuencias dañosas de un virus que puede llevarlos a la muerte”.
“No podemos permanecer en silencio frente a este tipo de actitudes permanentes de un sector político que no tiene límites en el afán de utilizar el temor de la población”, afirmó Viqueira a Página/12 sobre los dichos públicos de Carrió. Con la investigación en marcha, los juristas quieren saber si es posible condenar a los acusados por los delitos que se contemplan en 3 artículos del Código Penal: el 202, 210 y 211.
GI/FF
