Argentina "continúa logrando avances significativos" en materia de Derechos Humanos, en particular los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero persisten demoras y "graves problemas" como "condiciones carcelarias deplorables". Así lo consigna el último informe de Human Rights Watch, una ONG internacional que reporta sobre el estado de los Derechos Humanos alrededor del mundo.
El informe, publicado en la web, consigna los avances en los juicios contra delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003, pero critica que "las demoras en los procesos judiciales continúan frustrando la posibilidad de obtener justicia". Además, en referencia a Julio López, desaparecido en 2006 mientras declaraba en el juicio contra Miguel Echecolatz, afima que "la seguridad de los testigos es aún materia de preocupación".
Ley de Medios. El artículo dice que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "busca fomentar la diversidad de opinión" y evitar la concentración empresaria. Sin embargo, cuestiona que la norma "contiene definiciones imprecisas sobre qué tipo de "faltas" podrían dar lugar a sanciones", y hace constar las demandas que la pusieron en suspenso.
También se informa sobre la ley de acceso a la información pública y se repudia "la falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de publicidad oficial" que genera "un riesgo de discriminación política contra medios que critican a funcionarios gubernamentales".
Además en el informe se menciona la denuncia del gobierno contra Clarín, La Nación y La Razón por crímenes contra la humanidad en relación al caso Papel Prensa. En septiembre, Héctor Magnetto (CEO de Clarín) y Bartomolomé Mitre (director de La Nación) fueron querellados por presunta apropiación ilegal de la pastera, en complicidad con la Junta Militar, en 1976.
"Clarín y La Nación afirman que las acciones se compraron en forma lícita y niegan cualquier vínculo entre la compra y la detención de la familia Graiver. Han acusado al gobierno de atacar a los periódicos por sus críticas a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner", afirma Human Rights Watch.
Independencia Judicial. Entre los casos de los enfrentamientos del oficialismo contra el Poder Judicial, el informe menciona a Claudio Espinosa, ex procurador general de Santa Cruz destituído por Kirchner en 1995, sin cumplir el procedimiento legal pertinente.
"La Presidenta Fernández expresó su apoyo al gobernador, quien se rehusó a reincorporar al procurador general, y señaló que la sentencia era inconstitucional", comenta. También se consigna el cuestionado asilo político a Sergio Galvarino Apablaza, cuyos fundamentos "no se han dado a conocer", contra el fallo de la Corte Suprema que ordenaba la extradición.
A los presos, ni justicia. "La sobrepoblación, los abusos cometidos por guardias y la violencia entre internos continúan representando problemas graves en los centros de detención", sostiene el reporte. En 2005, la Corte ordenó que todas las cárceles deben cumplir con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, pero aún persisten las "condiciones inhumanas".
Por último, el informe de Human Rights Watch afirma que "las mujeres enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación" y que el control gubernamental sobre la materia es "deficiente". Sin embargo, elogia la iniciativa del matrimonio igualitario como un "paso trascendental".
