Denuncian falta de transparencia en la asignación de recursos en planes provinciales

Un informe difundido hoy por la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió sobre la falta de transparencia en la asignación de recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVi), el Programa Materno Infantil y otros planes de asistencia en Misiones.

El estudio analiza el período 2004 y surge tras la polémica generada por la distribución de ayuda social en la provincia durante la campaña electoral por la reforma constitucional impulsada por el gobernador Carlos Rovira.

En cuanto a la aplicación de los fondos para viviendas, la Auditoría señala que las obras son financiadas con fondos de distintos programas sin determinar porcentajes de cada uno, lo que dificulta determinar el origen preciso de los recursos.

A su vez, el informe advierte sobre la existencia de un alto índice de morosidad en el pago de las cuotas, que complica el recupero y la amortización de las obras, al igual que otras irregularidades en el pago de los contratistas.

Ante las situaciones descubiertas, la AGN recomienda especificar el porcentaje de financiación correspondiente a cada programa, procurar la baja de la morosidad y reclama a las autoridades que sean más rigurosas en la información sobre los pagos a los contratistas.

Sobre los fondos del Programa Materno Infantil transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación, que atienden fundamentalmente la distribución de leche a niños y embarazadas, la Auditoría objeta la falta de un control sistemático de la normativa.

Así advierte, por ejemplo, que a veces falta la intervención de un médico para el seguimiento del beneficiario. También denuncia el almacenamiento inapropiado de la leche en polvo y detecta diferencias en los registros de la leche distribuida a la población beneficiada. El último punto de análisis corresponde a las prestaciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

En este caso puntual, la AGN recomienda utilizar la cuenta del Banco Nación como receptora y pagadora, tal como lo establece el convenio celebrado entre la provincia y el gobierno central, y emplear una cuenta por programa a fin de discriminar los montos aplicados.

También dice que la provincia debe revisar la modalidades de adquisición para permitir una evaluación efectiva de la cobertura de cada una de las prestaciones comprometidas y fortalecer los sistemas de estimación y rendición de las prestaciones y de la población beneficiaria atendida.