Denuncian por enriquecimiento ilícito a secretarios K

El sideral crecimiento patrimonial de los secretarios privados de la Presidenta Cristina llegó a la Justicia. A raíz de una investigación de la Revista Noticias, el abogado Enrique Piragini, un hombre que acumula acciones judiciales contra los funcionarios k, promovió ayer una denuncia por enriquecimiento ilícito y otros delitos contra Héctor Daniel Muñoz, Isidro Bounine y Julián Álvarez, los secretarios de Cristina.

Piragini, quien ya denunció hace algunos días otro secretario k, Fabián Gutiérrez, cuya fortuna se hizo pública luego de que la Agencia Opi Santa Cruz publicara las fotos de la fastuosa casa que se construye en El Calafate, afirmó que el "desproporcionado crecimiento del patrimonio" de los imputados "amerita una profunda investigación pues podrían comprobarse otros ilícitos más graves como lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público, además de encubrimiento por parte de quienes toleraron y no controlaron la actividad desplegada por aquellos y sus partícipes".

"Además de una flagrante violación a la ley de Etica en la función pública, resulta llamativa la adjudicación de tierras en El Calafate a precio vil y los asientos contables vinculados a supuestas deudas y créditos tomados de entes y personas relacionadas con el entorno presidencial", agregó en un comunicado el letrado, que pide ser verifique la eventual evasión tributaria y fiscal, así como lavado de dinero y sobre precios de adquisición y escrituración de los inmuebles, cotejándolos con el valor venal en plaza, ya que podría evidenciarse falsedad ideológica en instrumento público y participación necesaria del escribano interviniente".

Piragini hace un llamado de atención en su presentación judicial: solicita proseguir las acusaciones en Capital Federa y no trasladas a Santa Cruz, "evitando la contaminación de la pesquisa –y frustración de la prosecución de la causa- por la intervención de personajes vinculados al matrimonio presidencial, visto que en el sur del país podrían intervenir fiscales y jueces allegados al poder", sentenció, en referencia al juez federal Santiago Lozada y la fiscal Natalia Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina de Néstor y Cristina Kirchner.

La causa, que lleva el número 13.461/09, tramita en el juzgado federal Nº11, que está a cargo de Claudio Bonadio. En diálogo con Perfil.com, el abogado se mostró confiado en que la investigación se realice en Buenos Aires. " Si se va al sur, se complica, pero no creo que sea derivada, lo que yo argumento es que como la declaración jurada se presentó en Buenos Aires, el delito corresponde a esta jurisdicción", relató Piragini, quien comentó que la denuncia contra Gutiérrez está en pleno trámite, a cargo del fiscal Marijuan.