Una nueva presentación judicial busca transparentar cómo fue el pago de indemnizaciones del Estado argentino a detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. Ahora, la mira quedó puesta sobre ciudadanos uruguayos que fueron apresados en la Argentina y a los pocos días enviados al país vecino, donde continuaron con su detención, y que cobraron indemnizaciones en las dos orillas del Río de la Plata.
El investigador José D’Angelo presentó este miércoles 22 de junio una ampliación de la denuncia que inició en 2019 y que derivó en una causa que instruye el juez federal Ariel Lijo. Allí, solicita que se investigue a 23 personas de nacionalidad uruguaya que habrían cobrado millonarias indemnizaciones por parte del Estado argentino por haber estado detenidas poco más de diez días en el país y luego extraditados a Uruguay.
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La mayoría de ellos habrían continuado privados de su libertad en el país vecino, razón por la cual también reclamaron allí por cobros resarcitorios.
“Venimos por la presente a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes “reparatorias”, como consecuencia, ahora, del descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad: el caso de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina que a los pocos días fueron remitidos por pedido de las autoridades uruguayas a su país de origen, en el cual habrían permanecido detenidos por distintos motivos durante varios años”, señala el denunciante en el escrito.
Autor e investigador sobre la temática, D’Angelo asegura que la Argentina “les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros, provocando el pago de ingentes sumas de dinero indebidas a supuestas víctimas cuya Nación, además, no contempla estos millonarios resarcimientos”.
La información sobre los dobles cobros es contada por otro investigador que siguió el tema en Uruguay. Se trata de Álvaro Alfonso, quien relató los casos en el libro “Operación Verdad, testimonios y memorias escondidas de la historia reciente”.
La denuncia judicial de D’Angelo incluye los datos de una veintena de personas con sus antecedentes de detención en Argentina y Uruguay y los montos (actualizados a valores de hoy) que habrían cobrado gracias a las leyes reparatorias. En algunos casos, la detención fue de apenas un día, la mayoría entre 10 y 11, y hay un caso que llega a ser de 40 días. Las sumas recibidas son de hasta $ 25 millones, salvo un caso excepcional que cobró más de $ 70 millones.
Avanza una causa por estafas en subsidios a guerrilleros
D’Angelo denunció en noviembre de 2019 el otorgamiento de indemnizaciones fraudulentas en una multiplicidad de casos. Aseguraba, en ese caso, que recibieron sus pagos personas (o familiares) que en realidad no habían sido víctimas del accionar militar. Recién en diciembre del año pasado, Lijo pidió que el Ministerio de Economía informe si se pagaron las indemnizaciones apuntadas.
En otra causa, a cargo de Daniel Rafecas, también se ha denunciado el pago de indemnizaciones a guerrilleros que se alzaron en plena vigencia de un gobierno constitucional, como el ataque a Monte 29, en Formosa en 1975.
Los apuntados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público son los dirigentes que estaban a cargo del área encargada de aprobar las reparaciones y los propios involucrados.
Uno por uno, los presos uruguayos indemnizados en Argentina
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Gastón Zina Figuerdo: uruguayo. Detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 del mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal “Libertad” y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2009, en liquidación N° 13.927 del Ministerio de Economía, la suma de $ 25.783.575 (a valores de hoy)
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Beatriz Victoria Barboza Sánchez: uruguaya. El 30 de septiembre de 1976 fue detenida en Buenos Aires. Ese mismo día fue trasladada a Uruguay y en su país estuvo detenida en el Penal de “Punta de Rieles” hasta el 30 de septiembre de 1980. Estuvo un día detenida por autoridades argentinas y cuatro años en jurisdicción uruguaya. Cobró del Estado argentino, en agosto de 2014, en liquidación N° 15.436, la suma de $ 7.693.537.
- Víctor Hugo Lubián Peláez (argentino) y Marta Amalia Petrides (uruguaya): Casados. El 15 de julio de 1976 fueron detenidos en el Gran Buenos Aires y el 24, trasladados a Uruguay. Al ser liberados se exiliaron en Suecia. Estuvieron 9 días detenidos por autoridades argentinas y se desconoce qué período bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobraron, respectivamente, del Estado argentino, Lubián Peláez: $ 16.548.067, en liquidación N° 14.139, de junio de 2011, y Petrides, $ 7.006.651, en liquidación N° 14.138, de noviembre de 2010. En total, $ 23.554.719.
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Ana María Salvo Sánchez: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 del mismo mes, fue trasladada al Uruguay donde fue encarcelada un año y medio. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, en liquidación N° 13.981, la suma de $ 9.515.130.
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Alicia Raquel Cadenas Ravela: uruguaya. El 14 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y el 24 la repatriaron forzadamente a Uruguay, donde permaneció detenida hasta 1979, cuando se exilió en Suecia. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y tres años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, en liquidación N° 13.987, la suma de $ 8.036.876.
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María Elba Rama Molla: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a su país el 24. En Uruguay estuvo cinco años detenida en el establecimiento de reclusión en Punta Rieles. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y cinco años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, en liquidación N° 13.449, la suma de $ 17.266.873.
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Sara Rita Méndez Lompodio: uruguaya. El 13 de julio de 1976, en Buenos Aires, fue detenida y el 24 fue trasladada a Montevideo. Estuvo detenida en Uruguay y, años más tarde, liberada. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas y cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 13.450, de octubre de 2007, por la suma de $ 16.388.192 y la segunda, en liquidación N° 16.066, de marzo de 2015, por la suma de $ 5.726.788, lo que hace un total de $ 22.114.980.
- Asilú Sonia Maceiro Pérez: uruguaya. El 13 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y el 24 trasladada a Montevideo. Años más tarde, fue liberada. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas y cobró del Estado argentino, en enero de 2012, en liquidación N° 14.232, la suma de $ 5.724.515.
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Ana Inés Quadros Herrera: uruguaya. Detenida en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 y el 24 repatriada forzadamente. Permaneció detenida en su país. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, en liquidación N° 13.626, la suma de $ 16.554.758.
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Eduardo Dean Bermúdez: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, fue repatriado forzadamente el 24 y permaneció detenido en su país, donde tiempo después recuperó la libertad. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en noviembre de 2009, en liquidación N° 14.028, la suma de $ 7.250.446.
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Sergio Rubén López Burgos: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y llevado a su país el 24. Alojado en un instituto penal uruguayo donde permaneció hasta 1981. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cinco años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en septiembre de 2007, en liquidación N° 13.435, la suma de $ 24.613.413.
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Carlos Enrique Rodríguez Martínez: uruguayo. En 1973, una vez instaurada la dictadura en Uruguay, se radica en la Argentina. El 30 de junio de 1976 fue detenido en la vía pública cerca del barrio de Flores, Capital Federal. El 24 de julio de 1976 fue trasladado clandestinamente a Montevideo. Liberado en el año 1982. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 24 días detenido por autoridades argentinas y seis años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 14.010, de noviembre de 2009, por $ 4.071.275 y la segunda, en liquidación N° 14.011, también de noviembre de 2009, por $ 67.628.537, lo que hace un total de $ 71.699.812.
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Raquel Nogueira Paullier: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 fue trasladada a Montevideo. Fue derivada a un establecimiento penal y liberada en enero de 1978. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 14.008, de noviembre de 2009, por $ 3.557.131 y la segunda, en liquidación N° 14.009, también de noviembre de 2009, por $ 22.246.325, lo que hace un total de $ 25.803.456.
- Margarita Michelini Delle Piane: uruguaya. Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once días después fue trasladada a Uruguay. Encarcelada en establecimientos penales uruguayos, recuperó su libertad en mayo de 1981. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y cuatro años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en marzo de 2007, en liquidación N° 13.448, la suma de $ 16.077.258.
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Raúl Altuna Facal: uruguayo. Fue detenido el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once días después fue trasladado a Uruguay. Luego de 4 años recluido en distintos establecimientos penales uruguayos, en mayo de 1981 recuperó su libertad. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cuatro años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2008, en liquidación N° 13.820, la suma de $ 17.119.789.
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Cecilia Irene Gayoso Jáuregui: uruguaya. Detenida el 8 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24, donde estuvo en prisión hasta el 31 de diciembre de 1977. Estuvo 16 días detenida por autoridades argentinas y un año bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2012, en liquidación N° 14.394, la suma de $ 3.139.271.
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María Mónica Soliño Platero: uruguaya. Detenida el día 7 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24. Estuvo presa en el Penal de “Punta Rieles”, de donde fue liberada el 31 de diciembre de 1977. Estuvo 17 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en abril de 2008, en liquidación N° 13.764, la suma de $ 5.203.510.
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María del Carmen Martínez Addiego: uruguaya. Detenida el 15 de junio de 1976 en Buenos Aires y liberada, también en Buenos Aires, el día 21 del mismo mes. Se exilió en Suecia, viajando a Estocolmo, un mes después, el 23 de julio de 1976. Estuvo 6 días detenida por autoridades argentinas y cobró del Estado nacional, en julio de 2006, en liquidación N° 13.260, la suma de $ 17.351.982.
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Jorge González Cardozo: uruguayo. Detenido el 15 de junio de 1976, en el Gran Buenos Aires. El 24 de julio lo trasladaron a Uruguay adonde estuvo encarcelado en el centro de detención conocido como "La Mansión". Tiempo después recuperó la libertad. Estuvo 40 días detenido por autoridades argentinas y un periodo no consignado de tiempo bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en julio de 2005, en liquidación N° 13.157, la suma de $ 28.660.665.
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María Del Pilar Nores Montedónico: uruguaya. Detenida el 9 de junio de 1976, en Buenos Aires. El 20 de julio de ese año fue trasladada a Montevideo en un vuelo de “Pluna”. Encarcelada en su país, recuperó su libertad, el 22 de diciembre de 1976. Estuvo 49 días detenida por autoridades argentinas y cinco meses bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, de febrero de 2015, en liquidación N° 16.017, la suma de $ 10.102.002.
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Orlinda Brenda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachan: uruguayos. El 9 de junio de 1976 fueron detenidos en Buenos Aires y “cuatro o seis días después”, liberados en el barrio de Floresta en la capital argentina. El 30 de septiembre de 1976, con el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), viajaron exiliados a Francia. Estuvieron “4 o 6” días detenidos por autoridades argentinas y cobraron, respectivamente, del Estado argentino, Falero Ferrari: $ 15.284.427, en liquidación N° 15.771, de septiembre de 2014 y Muñoz Barbachan, $ 16.066.448, en liquidación N° 15.666, de agosto de 2014. Por los “4 o 6” días de detención del matrimonio Muñoz Barbachan – Falero Ferrari, el Estado argentino, abonó $ 31.350.875.
GZ / ds
