Desafiando la polémica, Diputados aprobó el proyecto que castiga la trata de personas

La Cámara de Diputados aprobó esta noche y convirtió en ley el proyecto que penaliza la trata de personas para fines de explotación tanto sexual, laboral, extracción de órganos o de sumisión a la servidumbre. La norma fue aprobada en general por 157 votos positivos, 35 sufragios negativos y seis abstenciones, y luego tuvo un rápido trámite en particular.

La iniciativa define el delito como "la captación, transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- la acogida o recepción de personas con fines de explotación", y establece penas que van de 3 a 15 años de prisión.

La diputada kirchnerista Vilma Ibarra defendió en el recinto el proyecto oficialista, explicó que pena la acción de "captar, transportar o acoger a alguien con fines de explotación" y sostuvo que para el Código Penal "el delito es el verbo, reprime situaciones consideradas disvaliosas" como es "la trata de personas". Ibarra justificó que la iniciativa establezca una salvedad en el caso del consentimiento de las personas mayores de edad, al referir que "existe la posibilidad para una adulta de consentir la prostitución", punto que fue central en la controversia con algunos sectores de la oposición.

El proyecto marca que, en caso de comprobarse el delito de trata aun existiendo consentimiento expreso de la víctima, debe ser castigado.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado por 55 senadores en 2006 y que la propia Cámara de Diputados convalidó sin contradicciones la adhesión al Protocolo de Palermo, que entiende que una mujer adulta puede prestar consentimiento, y que fue firmado por 140 países.

Claudio Lozano, de Proyecto Sur, impulsó en el recinto la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), manifestó dudas sobre el tema del consentimiento, postuló incorporar "el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes" y por ello pidió el regreso del proyecto a comisión.

Por su parte, los opositores Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica-Capital), Silvia Storni (UCR-Córdoba) y Rubén Lanceta (UCR-Buenos Aires) denunciaron ante la Cámara un supuesto "contubernio" entre la Policía Federal y algunas redes de prostitución. Gil Lozano planteó, además, la necesidad de aprobar por ley la creación de un "comité de protección para las víctimas" en el marco de la ley.

La diputada señaló también que "pensar que el tema de trata de personas sólo tiene que ver con la prostitución es un error", detalló que se vincula con otro tipos de explotación como la laboral y remarcó que "la industria textil tiene grandes firmas en la República Argentina con trabajadores esclavos tirados en los talleres".

Con esta ley, entrará en funcionamiento el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado por decreto durante la presidencia de Néstor Kirchner. La norma establece para el delito una pena de 3 a 6 años, q ue puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima. En el caso de las personas explotadas sean menores de edad, la pena aumenta a 15 años de cárcel.

Los opositores a la ley cuestionaron, en especial, el artículo que establece que para comprobar el delito en el caso de mayores de edad tiene probarse que las víctimas fueron reclutadas mediante "engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o pagos". Las víctimas, según diferentes organizaciones sociales, se niegan a declarar ante la Justicia y realizar acusaciones por miedo a represalias. Por eso reclamaron una protección a las víctimas de la misma categoría como la protección de testigos.

Fuente: DYN