Entre ex dictadores que siguen justificando la violación masiva de los derechos humanos y políticos que continúan eludiendo una autocrítica sobre el rol de sus partidos en el descalabro que condujo al último golpe militar los argentinos nos aprestamos a terminar la primera década del siglo XXI sin haber hecho las cuentas con nuestro pasado reciente.
El alegato final del ex general Jorge Videla en el juicio en Córdoba volvió a agitar los fantasmas de los Setenta al afirmar que el golpe fue respaldado por el entonces titular del radicalismo, Ricardo Balbín. De inmediato, el senador Ernesto Sanz y el diputado Ricardo Alfonsín, precandidatos a la Presidencia, rechazaron esa acusación.
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Es obvio que las palabras de Videla pretenden apuntalar el núcleo de su discurso sobre la dictadura que encabezó durante cinco años, que tiene dos partes: 1) El horrible círculo de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos fue un método inevitable para derrotar a los grupos guerrilleros; 2) Este precio que se pagó para salvar a la República contó con el aval de las fuerzas políticas mayoritarias y del grueso de la sociedad.
El discurso de Videla es muy cuestionable: 1) Su dictadura no pretendió salvar a la República sino más bien reestructurar la sociedad argentina para terminar con sus problemas insolubles, una solución fundacional muy típica de nuestra cultura política; 2) La mayoría de la gente nunca estuvo de acuerdo con el terrorismo de Estado.
Pero este consenso al que hemos llegado sobre la dictadura y sus métodos no debería evitarnos el esfuerzo de debatir sobre cómo fue que llegamos al golpe del 24 de marzo de 1976, ahora que se cumplirán 35 años de aquel hecho que ya está en la historia.
Balbín ya está muerto y es imposible saber si el testimonio de Videla es verdadero o no. Pero está en línea con la impotencia confesada por el propio Balbín días antes del golpe, cuando admitió que él y su partido no tenían ya soluciones para impedir el final del régimen democrático y su reemplazo por una nueva dictadura, como anunciaba toda la prensa, incluida La Opinión, un diario considerado de centroizquierda por no hablar de La Tarde, el vespertino fundado por Jacobo Timerman, dirigido por su hijo, Héctor Timerman (actual canciller) y financiado por David Graiver para fomentar el golpe.
En este sentido, otras fuerzas políticas también respaldaron el golpe, como el Partido Comunista, cuyos principales dirigentes celebraban el carácter democrático de Videla y de su coequiper, el ex general Roberto Viola, frente a los duros, encabezados por Suarez Mason y Menéndez.
Pero, del lado político, la responsabilidad principal no es de la UCR ni del PC, sino del peronismo, que gobernaba con la presidenta Isabel Perón y que sumergió al país en una orgía de violencia, inflación y denuncias de corrupción: en las vísperas del golpe, cada cinco horas ocurría un asesinato político y cada tres estallaba una bomba; Isabelita había nombrado un ministro cada veinticinco días y la inflación llegó al 38 por ciento en marzo de 1976 y al 98,1 por ciento en los tres primeros meses de 1976. Tanto Montoneros como el ERP favorecían el golpe, embarcados en la lógica suicida del cuanto peor, mejor.
Por la impericia de varios y el oportunismo de unos pocos mucha gente apoyaba el golpe pero no el terrorismo de Estado: nadie esperaba la represión salvaje de los militares, ni siquiera los jefes de Montoneros, Mario Firmenich y Roberto Perdía.
