Desde el cobro de la atención médica, hubo un fuerte descenso de extranjeros en los hospitales públicos de Salta

Desde fines de febrero pasado, Salta se convirtió en la primera provincia del país que le cobra a los extranjeros por el uso del sistema de salud público. El gobernador Gustavo Sáenz dispuso la medida por decreto, indicando que la atención de urgencia o en emergencias permanece garantizada. Desde entonces, la concurrencia de personas provenientes de otros países a hospitales estatales decreció notoriamente, según las autoridades provinciales.

En el mes que transcurrió desde que se hizo efectiva la medida, mermaron en un 90% los cruces del río Bermejo que hacían unos 8.000 pacientes bolivianos para aprovechar la gratuidad del sistema. Según señalaron las autoridades, también se atendían personas provenientes de otros lugares, como Chile y Paraguay.

El gobierno de Salta firmó un decreto para cobrar la atención sanitaria a extranjeros

Desde mediados de marzo, los centros de salud públicos facturan a los extranjeros: $100.000 por día para internación; $190.000 por día por sala intermedia; $250.000 por día terapia intensiva; $500.000 por parto y $250.000 por terapia neonatal.

Acorde a lo informado por el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, para establecer el precio de las prestaciones la provincia "se basa en el tarifario del Instituto Provincial de Salud (IPS), que es el organismo que atiende a todos los trabajadores estatales de Salta".

Este cambio en la ley, que volvió a abrir el debate en las diferentes jurisdicciones argentinas, produjo una fuertísima baja en la afluencia de pacientes provenientes de otros lados de la frontera. 

El funcionario de salud provincial estimó que de "los 3.000 bolivianos que llegaban antes del arancelamiento se redujeron a 60", incluyendo a algunos paraguayos y chilenos. Además, en la localidad de Salvador Mazza, que limita con la ciudad boliviana de Yacuiba se calculó la deserción en un 90% de otros países. 

"Los extranjeros reaccionan bien"

Cuando se conoció la noticia, Mangione comentó que se les cobrará a los extranjeros "por cualquier consulta banal, que no pongan en riesgo la vida". En esa línea, intentó generar tranquilidad tras asegurar que "las urgencias van a estar cubiertas; pero una vez que se estabilice el paciente se verá a quien se le cobra".

Sobre esa tema, la médica  María Carolina Campos, del hospital Hospital de Salvador Mazza, explicó: "Si alguno no está en condiciones de abonar, nos comunicamos con el consulado correspondiente, como el de Bolivia, para ver si ellos se van a hacer cargo de los gastos".

En diálogo con el medio local Qué Pasa Salta, la profesional destacó que la mayoría de las personas que provienen de otros países pagan sin problemas "debido a la calidad de la atención médica que reciben". Refiriéndose a la actitud de estos pacientes, mencionó: "Reaccionan bien, no dicen nada y acceden al costo, que para ellos no es muy elevado".

Por otro lado, dijo que se les explica bien como es el nuevo sistema y remarcó: "A nosotros nos viene muy bien este ingreso. Se les cobra en pesos argentinos".

Donde también se notó la incidencia del arancelamiento fue en la caída de la cantidad de mujeres extranjeras que cruzan el río Bermejo para dar a luz en los hospitales públicos argentinos. Según las nuevas reglas, deberían pagar hasta $ 500.000 y la terapia neonatal cuesta $ 350.000 por día a personas de otros países.

También se informó que las operaciones traumatológicas son las más costosas. La de rodilla, por ejemplo, asciende a $35 millones, entre la parte ortopédica, anestesia, cirugía y recuperación, mientras que la de cadera es aún más cara.

La polémica entre Argentina y Bolivia

El cobro a pacientes de otras nacionalidades sin residencia por el uso de hospitales estatales era un antiguo reclamo de un sector de la política luego del caso de Alejandro Benítez, un docente salteño fallecido en Bolivia en 2022 por falta de atención médica, según denunció su familia. 

Este suceso puso una cuña en las buenas relaciones bilaterales entre los gobiernos del por entonces presidente argentino Alberto Fernández y el mandatario boliviano Luis Arce. Cabe señalar que en 2019, ambos países habían firmado un tratado de asistencia recíproca, con una duración de 5 años.

Asimismo, se conocieron varios reclamos de ciudadanos argentinos que denunciaron que habían precisado atención médica en centros de salud de Bolivia y les cobraron. Inclusive, también se manifestó que en algunos casos se negaron a hacerlo cuando decían no tener dinero.

FP

LT