El gobierno nacional decidió descentralizar parte de la obra pública. Según fuentes del macrismo, una de las decisiones centrales es que las licitaciones menores a $ 20 millones, al igual que un 33% del total, pasen directamente a los gobiernos provinciales y municipales.
La Secretaría de Obras Públicas que ocupa el arquitecto Daniel Chain tomó la decisión, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el fin de darles aire a los gobiernos locales. Pero también para hacerlos partícipes del rediseño del esquema de obras públicas. Todo un gesto para el peronismo, que domina buena parte de las provincias más poderosas del interior, sean virtuales aliados o no.
Esta reestructuración del sistema incluye dos puntos centrales: la publicación de pliegos de manera pública online y el lanzamiento de una serie de licitaciones masivas.
En el Gobierno aceptan que, si bien la obra pública está “cartelizada”, la única forma de romper con ese sistema es blanquear la información de costos, tiempos de ejecución y adelantos financieros.
En el primer caso, se decidió terminar con el sistema de compra de pliegos ya que, según los funcionarios nacionales, llevaba a que la empresa oferente marcara su presencia al comprarlo, con lo cual la licitación se transformaba, en muchos casos, en obvia. “En el kirchnerismo todos sabían quiénes iban a ser los oferentes”, comenta uno de los funcionarios.
En el segundo caso, a través de Aysa (la empresa estatal dedicada a construir cloacas y brindar agua potable), la decisión es lanzar una licitación por día. En la Casa Rosada la llaman “la niña bonita”. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, espera que Aysa colabore con su ambicioso plan para más de un millón y medio de hogares en el primer tramo de su gestión.
Ayer, el presidente se refirió, justamente, al tema. “Se terminó la época en que la obra pública sólo estaba ligada a la corrupción”, dijo, tras supervisar las tareas de electrificación de uno de los ramales del Ferrocarril General Roca, en el tramo Quilmes-Berazategui.
En ese marco, la primera demanda penal la presentó el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich ante la Justicia federal y contra el Grupo Austral de Lázaro Báez. El ministerio denunció la connivencia de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido en las irregularidades en las licitaciones de Vialidad. También en Interior ensayaron una denuncia por una obra inconclusa para construir una planta potabilizadora en La Matanza. Había sido anunciada en varias oportunidades y nunca se terminó de concretar.
Reclamo por deudas y precios. No todas son rosas en el camino de reestructurar el sistema de obra pública. Esta semana se dio la segunda reunión en el Palacio de Hacienda entre funcionarios nacionales, miembros de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y el gremio de la Uocra que encabeza Gerardo Martínez. El motivo: unos y otros le piden al Gobierno avanzar en un nuevo esquema de redeterminación de precios (ajustes por inflación) y que comiencen a pagarse los certificados de obra en aquellas que avanzaron, una deuda millonaria que dejó el kirchnerismo.
El economista Ricardo Delgado, quien dejó el massismo para sumarse al Gobierno, les explicó que la situación no era sencilla con la “herencia” pero que debían avanzar para buscar soluciones. Se intentará llegar a un acuerdo en los próximos días. La Uocra es uno de los gremios más afectados por la crisis económica como consecuencia de la disminución de obras. Tanto el gremio como la Cámara sostienen que se perdieron más de 35 mil empleos en lo que va del año, se frenaron proyectos y hay obras ejecutadas en la gestión anterior cuyo futuro es incierto.
