Ni la intimación de la Oficina Anticorrupción (OA), ni una denuncia penal, ni una carta documento. Nada de esto parece hacer cambiar de opinión a la Secretaría General de la Presidencia que a más de cuatro meses del primer pedido de información pública solicitado por Perfil.com, aún se niega a brindar datos concretos sobre los táxis aéreos contratados por el Gobierno Nacional.
El 30 de septiembre de 2009 este portal envió un pedido de informe a la Secretaria para conocer en detalle los alquileres de aviones privados contratados "para uso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente Néstor Kirchner desde diciembre de 2007 hasta el presente" y los motivos de cada contrato que justifican la no utilización de la flota oficial.
El pedido solicitaba "información detallada sobre las fechas de los contratos; las empresas contratadas; el monto abonado en cada uno más el origen y destino de los vuelos; la razón por la cual no se usó la flota oficial y la copia de cada contrato".
El 2 de diciembre, 63 días después de realizado el primer pedido, llegó la respuesta absolutamente incompleta e insatisfactoria. Esto provocó que el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten presentara una denuncia contra el matrimonio K "por la contratación y utilización irregular de aviones privados, taxis aéreos y helicópteros, en sustitución de los de la flota oficial (...)". Según fuentes judiciales, está causa aún no avanzó.
Kalbermatten denunció además al secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, y otros funcionarios de la Secretaria: "La falta de respuesta puntual a la requisitoria de PERFIL importa un menosprecio a la libertad de expresión y va de contramano con cualquier política de transparencia (...)" decía la denuncia. Según pudo averiguar este portal, la Justicia citará a declarar al denunciante para que reafirme la denuncia y presente las pruebas obtenidas.
No pasa nada. El 26 de enero este portal envió una carta documento a la Secretaría para que contestara la información solicitada amparada bajo el decreto 1172/03 que regula el acceso a la información pública. En la misma se detalló que "en caso de no cumplir con vuestra obligación de brindar información detallada dentro del plazo de cinco días, me reservo el derecho de accionar ante organismos públicos que correspondan e incluso la vía jurisdiccional a través de procesos por mora en la administración".
Con la firma de la Dra. Alicia Mónica Alonso, directora de programas de gobierno, desde Secretaría se contestó que "niego enfáticamente que se haya negado información o que la misma se haya dado en forma generalizada (...) se brindó la información con que se contaba al momento de efectuarse la pateición, no siendo obligación de éste enlace procesarla o clasificarla"
Polémicos bloqueos a la información pública. Los organismos encargados de brindar información pública no viven un presente positivo. Se bloqueó el sitio Mejor Democracia destinado a brindar datos públicos y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros. A esta situación se le sumó la designación de Andrés Cuervo Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, en el cargo de Director de Fortalecimiento de la Democracia, y en diciembre, la renuncia de Marta Oyhanarte al frente de la subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
(*) Desde la redacción de Perfil.com.
