Un juez federal desestimó la denuncia contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que estaba acusada de presuntas irregularidades en el nombramiento de fiscales subrogantes.
Sebastián Casanello consideró que los nombramientos constituyen una práctica "no novedosa" llevada adelante desde gestiones anteriores. Además, sostuvo que su decisión fue avalada en base a "los principios que gobiernan el organismo" y que "emanan del artículo 120 de la Constitución Nacional".
"La reforma constitucional de 1994 dotó al Ministerio Público Fiscal de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera pero al mismo tiempo le imprimió un mandato sumamente claro: promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad -lo que, en nuestro caso- se traduce en promover la acción penal pública- y de los intereses generales de la sociedad", afirmó el magistrado en una resolución publicada por la agencia Télam.
Así quedó desestimada la denuncia que había presentado el senador radical Mario Cimadevilla a fines de abril y fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán.
