La cámara alta aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la designación de diez conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellos Martín Ariel Magram, ex defensor del vicepresidente Amado Boudou en una causa tramitada en Mar del Plata, y el constitucionalista Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini.
El proyecto de acuerdo fue sancionado por 39 votos positivos del oficialismo y aliados, y 23 en contra del arco opositor. El radicalismo, en voz de su jefe de bancada Gerardo Morales, rechazó la designación de los postulantes por la metodología empleada, dado que no surgieron de ternas que pasaran por concursos ante el Consejo de la Magistratura, y como ya había consignado en la comisión que el oficialismo apeló al padrón de afiliados a La Cámpora, otras vertientes K y a abogados de funcionarios del Gobierno.
Morales recordó haber hecho su planteo de inconstitucionalidad por la metodología empleada en la selección de los candidatos a conjueces e insistió en que con ello el Gobierno intenta “la colonización del Poder Judicial, y están cooptando sectores" de la Justicia, y hasta le recordó, aunque con menos énfasis que en la Comisión, al presidente del Senado Boudou, que uno de los postulantes, “Magram, ha sido abogado suyo, o lo es todavía”.
El puntado Adolfo Rodríguez Saá apuntó que “la calidad institucional requiere que se respeten las formas” y señaló que los conjueces deben ser elegidos en forma transparente, y en similar posición se expresó el jefe del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez.
Por su parte, el titular de la bancada K, Miguel Pichetto, dijo que en realidad las dudas de la oposición responden a un “problema provinciano”, a una fantasía de que los jueces le responden a quien los designa. “El juez que usted pone, una vez que es designado, no le responde más”, avisó Pichetto y dijo que algo similar pasa con las acusaciones al oficialismo de querer hegemonizar los medios de difusión masivos. "Lo mismo pasa con los medios, pero a los medios que nos responden no los mira nadie”, señaló. Los conjueces designados son, además, los letrados Alan Iud (abogado de Abuelas de Plaza de Mayo); Marcelo Buigo, quien actuó como apoderado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en una causa por calumnias contra la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
Carlos Alberto O. Cruz (uno de los defensores de la ex ministra de Economía Felisa Miceli en la causa del bolso con dinero en el baño de su despacho); Nicolás Fernando D’Albora, asesor en materia de prevención de lavado de activos del Banco Central y ex defensor en ante el Consejo de la Magistratura del juez tributario Javier López Biscayart, primero en investigar el caso Skanska.
La nómina la completan Roberto José Boico (constitucionalista que apoyó la ley de Medios), Norberto Federico Frontini (profesor universitario y ex secretario de la Defensoría General porteña); Raúl Gustavo Ferreyra (profesor titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de la UBA) y Claudio Marcelo Vázquez.
Magram fue abogado de Boubou en una causa en Mar del Plata por la compra de un auto que tendría la documentación adulterada y del funcionario de Presidencia Rodolfo Stefanon, en una causa en la que denunció el robo de dinero para un viaje de la presidenta Cristina Fernández.
