Cuando Roberto Noble fundó el diario Clarín el 28 de agosto de 1945 nunca hubiera imaginado que en el aniversario 68º –que se cumple el miércoles que viene– se organizaría una audiencia pública en la Corte Suprema donde se debatirá la legalidad del mayor grupo de medios de la Argentina. Y que paralelamente el Gobierno estaría enfrascado en buscar nuevas formas de avanzar contra la empresa ya que da por descontado un fallo en contra de la Corte Suprema.
Por ello, tras las elecciones primarias, Cristina Kirchner ordenó al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que busque alternativas. Los resultados de las elecciones, lejos de llevarla a cambiar de estrategia, motivaron a la Presidenta a seguir adelante con la disputa contra el multimedios por nuevos caminos.
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Una clara señal de que el conflicto está lejos de distenderse fueron las dificultades que tuvo el Grupo para conseguir los dólares para cancelar una deuda millonaria con acreedores del exterior.
Desde hace días, al menos uno de los ejecutivos más importantes Clarín reitera sus quejas en mesas con empresarios por los problemas que tuvo la empresa para conseguir los dólares para girar al exterior y cancelar los intereses del pago de obligaciones negociables (bonos) que colocó el Grupo el año pasado.
Recién el último día del vencimiento, el lunes 19 de agosto, los asesores legales y contables pudieron ultimar los trámites para comprar US$ 18 millones y poder girarlos al exterior con la fiscalización del Banco Central.
El pasivo se compone de los intereses de una deuda de unos US$ 550 millones que tiene Cablevisión con accionistas extranjeros que ayudaron a expandir la infraestructura en redes desde 2011, vital para el desarrollo de la empresa más rentable del grupo, la que garantiza pisar fuerte en el mercado de la información y el entretenimiento online en los próximos años.
Cablevisión apenas pudo pagar al filo, el mismo día de la cancelación de la deuda. Estuvo a horas de –técnicamente– entrar en default, según se quejan en la cúpula de Clarín. El próximo vencimiento es el año que viene y dentro del grupo no descartan volver a tener problemas.
El sueño de CFK. La propia Cristina Fernández hizo público ayer un profundo anhelo personal. No nombró a Clarín, pero le dedicó 134 caracteres en Twitter, que siguen más de dos millones de argentinos: “¿Saben con lo que yo sueño? Con una Argentina que esté lo suficientemente bien informada, para que nadie vuelva a meterles el perro…”, disparó la Presidenta. Su sueño, “la buena información”, podría convertirse en una pesadilla si la Corte declara que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Por eso se tejen nuevos planes para avanzar contra el multimedios.
Intervención. A fines de 2012 se aprobó la Ley 26.831, que regula el mercado de capitales, es decir, las empresas que cotizan en la Bolsa. Desde el día en que se sancionó, el Grupo Clarín desconfía de que parte de la norma se use para “intervenir” el directorio de la empresa. El artículo 20 de la norma contempla la posibilidad de que el Gobierno –a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Economía– designen veedores dentro del directorio con capacidad para vetar decisiones y hasta de remover a parte de los directores de una empresa, con la sola denuncia de algún accionista minoritario.
Casualmente, el Estado tiene una participación minoritaria de las acciones de Clarín: posee el 9% que heredó de las nacionalización de las AFJP, que le permitió a Guillermo Moreno ingresar en abril de este año a la asamblea de accionistas del Grupo. Cuando la norma se reglamente y entre en plena vigencia a partir de septiembre, el Gobierno podría usarla para avanzar contra el Grupo. Pero no sin pasar por la Justicia. Porque el jueves 20 de agosto, los abogados de Clarín notificaron a la CNV que la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a una medida cautelar que presentó un accionista minoritario de Clarín para frenar los efectos del artículo 20. Los letrados del multimedios crearon, al menos temporalmente, un escudo antiintervención.
Un alto funcionario del Gobierno confió a PERFIL esta semana otro de los planes. Se trata de una causa que lleva el juez mendocino Walter Bento. En diciembre de 2012 el magistrado intentó allanar las oficinas de Cablevisión con aspiraciones de intervenir la empresa luego de una denuncia que presentó el Grupo Vila-Manzano, por un presunto incumplimiento de Clarín de un contratro en el interior. La Corte debe decidir si Bento tiene competencia en esa causa. El cuarto plan para acorralar a Clarín es el viejo tema insignia del oficialismo: Papel Prensa. En el Congreso descansa un proyecto del diputado oficialista Carlos Kunkel que contempla la posibilidad de expropiar el 24% del patrimonio de Papel Prensa. De aprobarse, el Estado podría quedarse con el 51,5% de las acciones y controlar el insumo básico de su principal enemigo: el papel.
