En Tucumán, la puesta en marcha del plan Argentina Trabaja puso al descubierto numerosas irregularidades que terminaron con la detención de cuatro punteros políticos vinculados a un intendente y a un legislador alperovichista, que a cambio de incluir a indigentes en los beneficios solicitaban un porcentaje del sueldo en beneficio propio. Por estas horas, la Justicia local y federal investiga si detrás de las 250 cooperativas que se formaron para dar trabajo se esconden prácticas clientelares.
El escándalo estalló a principios de enero, cuando Verónica Pedernera denunció que Amelia Herrera, una puntera política de Banda del Río Salí, le arrebató la tarjeta y entre amenazas le dijo que el beneficio lo iba a cobrar ella y que si quería le iba a “tirar unas monedas”. Esto provocó la denuncia policial, que terminó con la detención de la puntera y de los dirigentes barriales Manuel y Guillermo Quiroga, a quienes después de sendos allanamientos se les secuestraron armas de grueso calibre, dinero y comprobantes que certificaban la extracción de efectivo de distintas cuentas bancarias por montos de $ 400.
Desde la Casa de Gobierno trataron de desvincular al gobernador José Alpervich de las prácticas clientelares que quedaron al descubierto e incluso el mismo mandatario instó a los cooperativistas a que denunciaran cualquier irregularidad. Entre otras anomalías, el senador nacional José Cano denunció que en las planillas que se presentaron para formar las cooperativas debía figurar el número de afiliado al justicialismo.
