La fiscalía de Delitos Complejos de La Plata detuvo hoy a seis personas, uno de ellos funcionario de la Provincia de Buenos Aires, acusadas de participar en una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires mediante la adulteración de jubilaciones.
La causa se inició por una denuncia del titular del IPS, Mariano Cascallares, que detalló el nombre de los integrantes de causarle un perjuicio económico al Estado provincial superior a los ocho millones de pesos.
Por ese motivo fueron detenidas seis personas, sospechadas de haber integrado la organización delictiva, entre ellos un funcionario del organismo previsional de la provincia, revelaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
Los voceros precisaron que la maniobra ilícita consistía en la falsificación de trámites jubilatorios de las categorías superiores del Poder Judicial.
Cinco de los detenidos eran personas humildes, que aparentemente prestaron sus nombres para los trámites, a cambio de una pequeña suma de dinero. Los detenidos, dijeron los voceros, eran Jorge Ariel Rodríguez Sueiro, de 42 años, empleado IPS La Plata; Marta Susana Cabrera, de 50, empleada doméstica de Mar del Plata; Obdulio Eduardo Petraglia, de 57, quien trabaja como vendedor ambulante y es analfabeto; Dominga Libertad Vaccaro, empleada doméstica; Guillermo Gabriel Cendoya, de 53, pintor de obra; y Julio Héctor Di Jorgi, de 50, cortador de pasto.
Los investigadores sospechaban que también estarían vinculados con la tramitación adulterada otros ocho agentes del IPS que presentaron pedidos de eximición de prisión que, si bien fueron denegadas, se encuentran apeladas ante la Cámara, que aún no ha resuelto al respecto.
De acuerdo con la investigación, las defraudaciones se realizaron utilizando personas de condición humilde de La Plata, Brandsen y Mar del Plata durante los años 2013 y 2014.
Los funcionarios del IPS habrían tramitado las jubilaciones a nombre de un grupo de personas de manera irregular y sobre la base de supuestos haberes de las más altas categoría del Poder Judicial, como jueces y camaristas.
Los cobros luego eran repartidos entre los involucrados. El fiscal Jorge Paolini, que tiene a cargo la investigación, ya tendría probado que la maniobra se pudo concretar accediendo al sistema informático del IPS para luego realizar las operaciones necesarias para la creación de los beneficios apócrifos.
De esta manera, los implicado habrían logrado cobrar montos de hasta 800 mil pesos de retroactivos y haberes mensuales de 46 mil pesos por cada una de las jubilaciones, por un monto total estimado en ocho millones de pesos.
