Esta semana trascendió que el presidente Alberto Fernández busca impulsar una ley que establezca penas para la negación de los delitos de lesa humanidad producidos durante la última dictadura cívico-militar que azotó a nuestro país. El Presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia "contra el negacionismo", había afirmado Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas del genocidio que tuvo lugar en nuestro país entre fines de la década desde mediados de la década del '70 hasta mediados de los '80.
Y este domingo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció que tanto ellas como otros organismos de derechos humanos participarán de la presentación del proyecto de ley. Anticipó que pedirán una audiencia con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, para poner el tema sobre la mesa.
"Presentamos un proyecto para que se estudie el tema del negacionismo con la pena correspondiente de la ley. El que miente, el que oculta, el que destruye la historia porque le conviene está cometiendo un delito y tiene que ser penado", remarcó la referente de Abuelas en diálogo con Radio 10.
Aclaró que "la libertad de expresión tiene que existir" para cualquier ciudadano, pero explicó que si la expresión negacionista "la hace un representante del Congreso" tiene que tener un "efecto penal".
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Para Carlotto, la reforma propuesta no debería "interpretarse como una negación del derecho a expresarse" sino como "un delito de ocultamiento" sobre delitos "gravísimos como el terrorismo de Estado".
"Acá no hubo guerra sino terrorismo de Estado y los desaparecidos son ese número (30.000) e incluso más. Que alguien tiene poder político o representativo del pueblo y diga que eso es mentira o nos trate de mentirosas y locas no se puede sostener en democracia de ninguna manera", enfatizó.
Aclaró que "un ciudadano cualquiera puede escribir un artículo y si se lo publican, es su idea, no va a ir preso por eso".
Por otra parte, Carlotto se sumó a aquellos dirigentes que consideran que en la actualidad hay presos políticos, tema que divide aguas al seno del propio oficialismo.
"Es una discusión, pero en general la mayoría piensa que todos son presos políticos. Está claro en el caso de Milagro Sala, porque al señor gobernador (de Jujuy, Gerardo Morales) se le ocurrió meterla presa", subrayó.
JPA/MC
