Sucedió lo inevitable y a través del protagonista menos esperado. Leandro (26), el menor de los hijos varones del empresario kirchnerista Lázaro Báez, dijo lo que su padre no se animó a decir: que es el testaferro de la familia Kirchner, que no es el dueño de dinero y que la cadena de responsabilidades en el caso de lavado de dinero, enmarcada en la ruta del dinero K , no se termina en él. El objetivo de la avanzada en el corto plazo no es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es el juez federal Sebastián Casanello, quien está convencido de que quieren apartarlo del expediente.
La decisión de Leandro Báez no fue impulsiva. Se meditó durante semanas. Ayer, cuestionó al juez porque, dice, encumbra a Báez como “la cabeza”, “el jefe” de las actividades ilícitas para blanquear millones de dólares, pero, dice, no busca determinar “quién es el verdadero dueño del dinero” que manejaba Báez ni “a quien respondía” el empresario.
La revelación de Leandro Báez busca instalar en la causa la figura de “un jefe” que decidía y comandaba a Lázaro Báez, quien funcionaba como un títere del “verdadero dueño del dinero”. Busca bajar la responsabilidad penal de su padre en la maniobra de lavado y conseguir, tal vez, su libertad. Si Lázaro va a juicio oral antes de fin de año, estará al menos dos años en prisión. Para lograrlo, Leandro cree que necesita otro interlocutor.
El jueves, sorprendió en el juzgado al presentarse por primera vez ante la Justicia y designar a sus defensores, Claudia Balbín y Santiago Viola, en el expediente contra su padre. Leandro no está imputado en la causa, pero alegó que debía presentarse porque el juez embargó sus bienes cuando resolvió los embargos sobre la familia Báez. Su padre y su hermano Martín, ambos procesados por lavado, están por ser nuevamente procesados en una segunda etapa de la causa.
El disparador final para alegar que la Justicia llegará sólo hasta los Báez fue la declaración del magistrado a La Nación: Casanello confirmó que elevará a causa contra Báez a juicio oral antes de fin de año. La estrategia de los defensores de Leandro -que no son los mismos abogados de Lázaro y Martín- coincide con el objetivo de un sector de la Justicia: que la causa por lavado de dinero contra el empresario K migre a un juzgado que asegure un embate acelerado contra CFK y los funcionarios vinculados a la obra pública. El juez les respondió hace pocas horas que no se apartará de la causa y que es el juez federal Julián Ercolini quien debe investigar a los funcionarios públicos por la fiesta de la obra pública.
Luego de que Leandro, con el apoyo de su hermana mayor y su madre -separada de Lázaro-, decidiera recusar al juez y pedir que se aparte por “parcialidad manifiesta”, Casanello se tomó menos de 12 horas para responder con un duro escrito. Le recordó que es “su padre” quien no quiere revelar la supuesta complicidad de los exfuncionarios y que su decisión de procesarlos “fue consentida por todos los acusadores: el fiscal (Guillermo Marijuan), la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF). ¿Acaso todos ellos son cómplices de un supuesto direccionamiento irregular de la investigación o hablar de direccionamiento es tan sólo la estrategia para apartar al juez?”, se preguntó Casanello. Horas más tarde, el propio Marijuan invitó al joven Báez a ser "colaborador" en la causa.
Leandro sostiene que “a lo largo de la investigación se ha hablado en incontables veces de ‘sobreprecios de obra pública’ y ‘adelantos financieros’ pero las personas que aprobaban dichos precios y efectuaban los diferentes pagos no han sido citadas y ni siquiera investigadas por el magistrado actuante”. Habla de “direccionamiento del proceso hacia la familia Báez y una clara intencionalidad de desligar a los funcionarios públicos y, puntualmente, a todos aquellos que formaban parte de la Administración de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner”. “Ello tampoco es cierto. En primer lugar, como deben saber los abogados, quien delimita el objeto procesal es el fiscal y no el juez. Por otro lado, como también deben saber, luego de la declaración de Leonardo Fariña de fecha 8 de abril, el Dr. Marijuan inmediatamente imputó a Cristina Fernández de Kirchner y a Julio De Vido. El juzgado realizó todas las medidas de prueba propuestas por el Fiscal en ese requerimiento. Su padre (por Báez) dijo todo lo contrario a la hora de reclamar al tribunal que realice prueba por él propuesta”, le contesto el juez.
