POLITICA
cambios a los regimenes especiales

Diplomáticos y judiciales defienden sus jubilaciones

Entrevistados por PERFIL, el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Marcelo Gallo Tagle, y la titular del gremio diplomático, Marta Insausti de Aguirre, fundamentan la naturaleza particular de sus sistemas.

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Gallo Tagle, representa a los magistrados. Aguirre, preside el gremio diplomático. | cedoc

“No bajarán el déficit, lo incrementarán”

En medio de una semana en la que reinó la sorpresa tras la presentación del proyecto de ley del Ejecutivo que reduce las jubilaciones del Poder Judicial de la Nación (PJN) y cuando se aproxima la discusión en el Parlamento, PERFIL habló con Marcelo Gallo Tagle, juez del Fuero Civil y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn). Con charlas desde el año pasado con diferentes sectores del Gobierno que se llevaron adelante hasta que desde la Rosada irrumpieron con la presentación y con predisposición para zanjar diferencias, Gallo Tagle advirtió sobre lo planteado por el Ejecutivo. “Si este sistema apunta a tratar de reducir el déficit en el futuro inmediato, en las condiciones que está planteado creo que lo va a incrementar”, adelantó.

Gallo Tagle explica que eso puede suceder porque “va a haber gente que se va a ir, entonces se va a incrementar la masa de jubilados y va a tener que pagarse el tema de esa gente”. Y a la vez eso sumaría un problema más grave que es que “cuando esa gente se vaya, su aporte jubilatorio no lo va a hacer nadie hasta que no venga el juez definitivo y a veces hasta esa cobertura pasan años”, detalla. “Entonces no solo en lo inmediato, que el objetivo era reducir esto, va a haber mucha gente que se va a ir, sino que no van a tener los ingresos de esos aportes”, sintetiza. Al tiempo que explica que en la actualidad ya “hay un 25% de vacantes, lo que significa que hay un 25% de aportes jubilatorios de nuestro sistema que no se hacen”.

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Las conversaciones entre judiciales y Ejecutivo comenzaron en diciembre pasado, una semana después de que Alberto Fernández asumiera la presidencia. Las charlas tenían distintos interlocutores tanto del Gobierno como de los diferentes sectores de los judiciales, así como entre estos últimos y los diplomáticos, que están en una situación similar.

“Como nuestra intención es ‘dejar de atajar penales’, buscábamos pasar al frente y plantear modificaciones”, explica. “Edad, no hay privilegio, porque cuando nos atacan por edad no hacen el distingo de que en nuestro sistema los 60 años no dejan de ser la misma edad que la mujer en el sistema común. De todos modos, el grueso del PJN se va mucho después de esa edad. Incluso hay quienes se quedan más allá de los 75”, detalla sobre uno de los puntos del proyecto. Y agrega que quienes se van a los 60 años lo hacen “cuando sucede este tipo de cimbronazos, Que es lo que va a empezar a ocurrir ahora”. Al tiempo que define que hay muchos a los que “los están empujando a irse”.

Por esos y otros puntos, Gallo Tagle insiste en la necesidad de seguir conversando para acercar posturas, lo que actualmente están buscando también con el Poder Legislativo, en donde a partir del miércoles seguirá el tema. Porque sostiene que, como están planteadas las cosas, hay “muchas chances de chocarse contra una pared en una discusión judicial”. Y explica que no quieren “llegar tampoco a eso, por eso esta instancia de diálogo”. Alejándose de cualquier tipo de enfrentamiento, sostiene que en el comunicado emitido por la asociación, “fijamos nuestra posición y nuestras discrepancias, y estamos dispuestos a conversar sobre estas, para llegar a un entendimiento que evite cualquier contratiempo a futuro. Esa es la postura nuestra”.

Consultado respecto de si cree que en el Ejecutivo previeron los problemas que se pueden suscitar, Gallo Tagle explica: “No sé si lo previeron o no”, pero considera que “el apresuramiento de sacar leyes previsionales” suele acarrear una importante “cantidad de errores, imperfecciones o baches” que los termina subsanando “la Justicia”. Y estima que eso es algo que no se dice sobre el rol de este poder. “El apresuramiento de dictado de muchas leyes que llegan al tribunal no es que decimos ‘ah la ley es incompleta, entonces no hacemos nada’. Todo lo contrario: nos hacemos cargo del tema igual y es la gente del PJN quien termina cubriendo baches e imperfecciones. Y eso no se difunde en ningún lado”.  Tras lo cual remata: “Insisto, ¿somos maravillosos? No, tenemos millones de errores, pero nos ponen más en la espalda”.

 


 

“Le dicen reforma pero es una derogación”

Cuando el Gobierno apuntó contra el regimen jubilatorio de los diplomáticos, a fines de diciembre, en la Asociación de Profesionales del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) que los nuclea como gremio no se sorprendieron, asevera su titular, Marta Insausti de Aguirre, a PERFIL. Hace tiempo que venían trabajando sobre esa posibilidad y por ello, incluso, se apresuraron a reunirse con el Ministerio de Trabajo en enero. No obstante, recién conocieron el proyecto cuando se presentó en el Congreso.

—¿Les molestó que no les hayan consultado pese a su ofrecimiento?

—Lo que nos molestó es que el proyecto contiene cuestiones que se podían haber conversado si nos hubieran escuchado como gremio.

—¿Cuáles son las líneas rojas?

—Siempre estuvimos dispuestos a conversar la modificación de algunos parámetros que, tal vez, estaban distorsionando el sistema. Pero que en realidad, aunque le dicen reforma, es una derogación del regimen, porque para los nuevos ingresantes a la carrera va a dejar de existir.

—Ustedes dicen que, en la práctica, se generarían dos clases de diplomáticos...

—Exactamente, y se dejaría de tener en cuenta la especificidad de la carrera, que amerita un régimen especial. Entendemos la situación del país, que todos debemos ser solidarios y hacer nuestro aporte pero este es un cuerpo profesional, de los pocos que tiene la Argentina, con requisitos de ingreso, permanencia y carrera y, a veces, con condiciones bastante extremas, destinos que no disponen de las mismas condiciones de vida que Buenos Aires para el funcionario y su familia. Y ahí radica otra cuestión: esta es una jubilación para un grupo familiar, porque la mayoría de los cónyuges, muchos de ellos profesionales, deben abandonar sus carreras y dejan de aportar.

—En el texto del proyecto se habla de “un régimen especial que ha consolidado verdaderos sectores de privilegio”, ¿se consideran de ese modo?

—Nosotros reconocemos que se pueden haber generado distorsiones que podrían corregirse a través de algunos ajustes y en eso consiste nuestra propuesta. Medidas como el aumento de la edad jubilatoria a 70 años y la suba del aporte a un porcentaje mayor al del proyecto pero de forma escalonada para un menor impacto en las escalas más bajas mejorarían la ecuación. Hablamos de un 10% extra para los embajadores; 8% para los ministros; 7%, los consejeros y en escala decreciente.

—¿Confían en lograr modificarlo?

—El lapso legislativo es muy breve y la expectativa del Gobierno es sacarlo rápidamente, y nosotros, como la esperanza es lo último que se pierde, esperamos ser escuchados y poder morigerar algunos aspectos.

—En el texto también se habla de una jubilación promedio de 396 mil pesos, ¿son reales esos números?

—No sabría decirlo. Probablemente lo sean. La mayoría de los diplomáticos, a diferencia de otros regímenes, nos jubilamos como embajadores, con los rangos más altos. Y al 85%, si uno descuenta aportes, se le computan beneficios por algunas condiciones de la carrera, como los años de trabajo en lugares con condiciones extremas, donde hay guerras, enfermedades endémicas y demás cuestiones de salubridad.

—¿Hay malestar entre los afiliados porque el canciller Felipe Solá no los recibió antes de que se conociera el proyecto?

—No malestar pero sí se generan reclamos, “¿cómo recibió a unos gremios del ministerio y no a nosotros?”. Entendemos que el canciller forma parte de un gobierno pero queríamos que, por lo menos, conociera la opinión de los afectados, a quienes dirige en este momento. Incluso porque el mensaje de la reforma lleva su firma. Desconozco qué conocimiento tenía sobre el articulado pero, al menos, podría haber escuchado nuestra opinión.

—¿Está en la mesa la posibilidad de accionar judicialmente?

—Lo evalúan los abogados. Siempre se tuvo en la mira, desde el día uno, como análisis a futuro ante eventuales escenarios de conflictividad. Nunca se bajó como posibilidad.