Diplomáticos y judiciales, en pie de guerra por jubilaciones

Tras conocer el proyecto del Gobierno que reforma los llamados regímenes especiales, diplomáticos y judiciales presionan a sus respectivos gremios y sindicatos para que endurezcan su postura a fin de lograr algunas modificaciones en el trámite legislativo, aunque desconocen el margen real del que disponen.

Ayer, la comisión directiva de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen), el gremio que nuclea a los diplomáticos de carrera, cruzó mensajes con los afiliados a fin de sosegar algunos ánimos caldeados. Entre otras cuestiones, indicaron que no estaban al corriente del proyecto que se presentó pese a los contactos que habían mantenido con el Ministerio de Trabajo de la Nación a comienzos de enero y que trabajarían con los asesores jurídicos el tema desde mañana.

Tampoco los judiciales apelaron a eufemismos para referirse al tema. El viernes, cuando había circulado una versión sin sellos del proyecto cuya veracidad no estaba confirmada, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) emitió un comunicado en el que destacaban que el sindicato no había sido invitado “a pesar de que desde el Gobierno han asegurado que los trabajadores serían consultados siempre” y que tampoco tenían conocimiento de la participación de representantes de los magistrados. Al verlo, algunos diplomáticos comenzaron a presionar al Apsen para emitir un comunicado con idéntico tono a más tardar el lunes, si bien, en el medio, se oficializó la iniciativa y encendió la mecha.

En las horas siguientes, los mensajes empezaron a caer como bombas desde diversas partes del mundo en los whatsapp de los directivos del gremio diplomático, algunos de ellos con apenas una semana en funciones por el recambio parcial de la comisión. No faltaron los que cargaban directamente contra el canciller Felipe Solá por no reunirse con el Apsen –hubo una cita programada pero se canceló por los viajes del ministro– durante las semanas en las que el Gobierno bosquejaba el borrador. Tampoco los que sugirieron saltearlo y solicitar una audiencia directa con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En la disputa sobre las jubilaciones que el Gobierno tilda como “de privilegio” y pretende reformar, se cruzan lealtades ideológicas dentro de la Cancillería con la defensa de los intereses propios. Esto no quita que muchos se han manifestado dispuestos a una reforma consensuada de su régimen, con ciertas líneas rojas resignificadas a la luz del proyecto real. Luego están los que piensan radicalmente opuesto al Gobierno y aprovechan para embestir con mayor dureza contra sus pares peronistas de la Casa.

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que nuclea a jueces, fiscales, defensores públicos y empleados del Poder Judicial, aún no emitió comunicado, pero podría hacerlo mañana, luego de la reunión mensual del Consejo Directivo, que ya estaba programada. Se descuenta que el tema jubilatorio será excluyente en la agenda.

Desde que se conoció la noticia, tanto cerca de la entidad como de la Justicia en general reinaba el desconcierto así como el malestar. Distintos representantes de la Asociación –que está compuesta por un amplio arco de posturas– de buen diálogo con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ayer hablaban de shock y sorpresa. En todos los casos coincidían en ver que la decisión habría salido del área de Trabajo y Anses, y no de la cartera de Justicia.

Desde mañana, diplomáticos y judiciales se concentrarán en su estrategia legislativa.