Diputados de la Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió, concretaron este jueves por la tarde la presentación de un pedido de juicio político contra Cristina Kirchner, tal como había anticipado la propia referente del espacio. Allí, acusan a la vicepresidenta de realizar “ataques al orden institucional y el sistema democrático” por lo que correspondería, sostienen, enjuiciarla por "mal desempeño" y la "comisión de delitos" en el ejercicio de sus funciones. El eje del texto, al que accedió PERFIL, gira en torno a un supuesto plan pergeñado por Cristina que tiene su último capítulo con la carta pública en la que acusa a los jueces de la Corte Suprema de liderar el supuesto “lawfare” en Argentina.
“Promover juicio político contra la señora Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional”. Eso sostiene el proyecto de resolución que firman los 14 diputados del bloque de la CC-ARI, presidido a partir de esta semana por Juan López.
El artículo 53 de la Constitución es el que establece, precisamente, que es la Cámara de Diputados la que “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos”.
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Los legisladores consideraron, en los fundamentos, que existen “robustos argumentos para solicitar el inicio del procedimiento” y aseguran que la vicepresidenta desarrolló "un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento".
López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, entre otros, consideraron que hay un "plan orquestado" por CFK, ejecutado por funcionarios vinculados a ella, “que tiene por finalidad garantizar su impunidad y la de sus ex funcionarios”.
El plan al que hacen referencia los dirigentes del partido de Carrió consta, según ellos, de siete puntos que se fueron dando desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández:
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Desarticulación del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores.
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La presentación como amicus curiae que hizo la Secretaría de Derechos Humanos para pedir la liberación de Ricardo Jaime y Martín Báez.
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El desistimiento de la Oficina Anticorrupción de todas las querellas existentes en causas de corrupción.
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La reforma judicial que ya tiene media sanción del Senado.
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El intento de dar marcha atrás con el traslado de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
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El proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal y el “intento de destitución del procurador interino, Eduardo Casal”.
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Y, por último, “una reciente carta pública escrita por Cristina Kirchner en la que critica abiertamente a la Corte Suprema —ejerciendo una clara presión sobre ella— y de la que se desprende un futuro intento de juicio político a todos los ministros de la Corte Suprema, un proyecto de ampliación de dicho órgano judicial —para designar allí jueces militantes— y un avance hacia la elección popular de jueces”.
En su balance del primer año de gestión, la vicepresidenta había planteado que la Corte Suprema dirige “el proceso de lawfare” y “protege y garantiza la impunidad a los funcionarios macristas”. Además, aseveró que “no debería extrañar” si el tribunal “empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno” y acusó al Poder Judicial de ser “ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes”.
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Según el espacio de Carrió, “en definitiva, está diciendo ‘como no me gustan algunos jueces’, e incluso más, ‘como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo’, pero respetarlo merece el mecanismo institucional previsto en la Constitución Nacional, ser enjuiciada políticamente”.
Por otra parte, también hacen un análisis político de lo que significarían estos movimientos de Cristina. “Estas alteraciones institucionales configuran además un vacío de poder que atenta contra la autoridad del Presidente Alberto Fernández, lo que provoca una innumerable cantidad de problemas de gobernabilidad que afectan directamente la gestión de gobierno y el estado de la Nación”, manifestaron.
“Esos ataques contra orden institucional y el sistema democrático son además figuras constitucionales previstas en el artículo 36 de la Constitución”, resumen los diputados. Y concluyen: "Es evidente que Cristina Fernández de Kirchner debe rendir cuentas sobre su irregular proceder".
