Presidido por la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, la Comisión de Legislación del Trabajo debatió con extrabajadores una variedad de proyectos de indemnización económica para aquellos que desempeñaron funciones en la Empresa Gas del Estado S.E y de la ex Empresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.). La reparación histórica sería únicamente para quienes no se acogieron al Programa de Propiedad Participada (PPP). Siley definió a esos extrabajadores como “luchadores históricos de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años”.
Las esquirlas del menemismo siguen vigentes. Tres décadas después trabajadores que padecieron las privatizaciones masivas de la época pudieron reunirse con la Comisión de Legislación del Trabajo en busca de una pronta solución. La titular y diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, explicó que durante la reunión informativa que se propuso “trabajar con todos ellos, luchadores históricos de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años, que es el derecho al resarcimiento en base al programa de propiedad participada”.
En la misma línea y ante una gran cantidad de extrabajadores presentes, desde la Comisión se solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para que “hagan una estimación institucional sobre todos los proyectos que estamos teniendo en consideración”.
La voz de los extrabajadores
Dardo Jara, exempleado de Energía Eléctrica de San Nicolás, realizó un repaso histórico sobre el proceso de privatización al que fue sometida, al igual que muchas otras, la empresa en 1993. “pedimos por los compañeros que quedaron en el camino y por nosotros que se apruebe”, dijo.
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Como representante de los extrabajadores de SEGBA, Jorge Galatti calificó esta iniciativa de la cámara baja como “más que positiva” y agregó que esta reparación viene a sanar “las heridas abiertas que aún perduran”. Galatti denunció que durante el menemismo “hubo un plan de desguace con las privatizaciones, mientras empleados caían en la desocupación, los grandes grupos económicos tenían rentas extraordinarias garantizadas por ley en dólares, a partir de las empresas privatizadas que actualmente siguen fugando al exterior”. Y enfatizó: “Queremos que se nos salde la deuda”.
Héctor Jorge Barba, extrabajador de la empresa Encotel se refirió a lo desgastante que viene siendo esta lucha: “Hemos perdido mucha gente en el camino, tenemos trabajadores en todo el país y la empresa nunca fue reconocida como tal, ni su gente tampoco. Tenemos 74 suicidios por este tema. Queremos la posibilidad de que se trate porque es hacer justicia y durante tres décadas seguimos siendo marginados”.
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Otro sector que tuvo un representante en la reunión fue Gas del Estado. En representación de los exempleados fue Jorge Peinador quien denunció estafas y se refirió a las próximas elecciones: “que lo sepan los trabajadores cuando vayan al cuarto oscuro. La política de los ´90 nos llevó a este desastre, suicidios y compañeros que no pudieron reinsertarse al mercado laboral. Hoy tienen la posibilidad de reivindicar nuestros reclamos”, advirtió. De la iniciativa también participaron Jorge Imperiali (Empresa Petroquímica General Mosconi) y Rubén Ruiz (Empresa Gas del Estado).
“Es responsabilidad del Estado Nacional, a través del Congreso, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia”, expresó el proyecto que finaliza con las firmas, entre otros, de los diputados del Frente de Todos Hugo Yaski y Juan Marino y de la referente del PO- Frente de Izquierda, Romina del Plá.
NT CP
