El Gobierno de Javier Milei confía en que la oposición no logrará reunir el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados el 15 de octubre, mientras distintos bloques opositores buscan alternativas para frenar uno de sus puntos más cuestionados, la derogación de la Ley de Tierras. En la mesa política del oficialismo sostienen esa expectativa, en parte, en el vínculo que Milei viene construyendo con los gobernadores, reforzado durante el viaje a Francia y por los anuncios de inversión alcanzados junto a mandatarios provinciales, como los vinculados a Catamarca.
En paralelo, Diego Santilli continúa esta semana con su ronda de encuentros con gobernadores para afianzar ese diálogo. Mientras, la estrategia de la oposición sumó este viernes una nueva vía con la cautelar presentada por Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.
La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial impulsada por bloques opositores con el objetivo de rechazar el DNU. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que una votación negativa en Diputados implicaría la derogación definitiva del megadecreto.
El problema para la oposición está antes de la votación. Necesita conseguir el quórum de 129 legisladores, y el Gobierno trabaja para impedir que alcance ese número. Según fuentes de la Mesa Política, las negociaciones con distintos bloques y gobernadores ya comenzaron y desde el oficialismo creen que la oposición no logrará reunir las presencias necesarias.
La estrategia oficial se apoya en los acuerdos que el Gobierno viene construyendo con sectores aliados y con gobernadores, en un momento en el que también necesita respaldos parlamentarios para iniciativas como el Presupuesto 2027 y la reforma política. La gira presidencial por París, donde Milei coincidió con varios mandatarios provinciales, también abrió conversaciones que podrían tener impacto en el Congreso.
En La Libertad Avanza sostienen que cuentan con el acompañamiento del PRO y parte de la UCR, aunque la discusión central estará puesta en los bloques provinciales y dialoguistas que pueden definir si la oposición alcanza o no el número para iniciar la sesión.
En paralelo, el oficialismo analiza sacar la discusión sobre las tierras rurales del debate general sobre el DNU 70/23. Una de las alternativas que circula es incorporar un capítulo específico sobre la compra de tierras por extranjeros en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. También aparece la posibilidad de avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado.
La lógica del Gobierno es que el debate sobre la Ley de Tierras pueda resolverse por una vía específica, sin convertirse en el punto de encuentro de los bloques que buscan rechazar todo el DNU. En la Casa Rosada consideran que algunos sectores dialoguistas pueden tener una posición crítica sobre la compra de tierras por extranjeros, pero no necesariamente estar dispuestos a acompañar la derogación completa del megadecreto.
La oposición también comenzó a explorar caminos alternativos ante la posibilidad de no conseguir el quórum o los votos para voltear el DNU completo. Una de las opciones es restablecer la Ley de Tierras mediante una iniciativa específica o incorporar sus restricciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
En el Senado, además, el peronismo presentó un proyecto para derogar únicamente el artículo 154 del DNU 70/23, que eliminó la Ley de Tierras. Esa vía permitiría concentrar la discusión en las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, sin avanzar sobre el resto del decreto.
Pichetto y Massot fueron a la Justicia
En ese escenario apareció este viernes una nueva vía. Los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
El planteo busca evitar que, mientras el Congreso discute qué hacer con el decreto, se concreten operaciones de compra de tierras por extranjeros que después puedan quedar consolidadas como derechos adquiridos. Los diputados solicitaron además una medida interina de aplicación inmediata mientras se tramita la cautelar.
La presentación se produjo después del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal rechazó la demanda iniciada por el CECIM por falta de legitimación y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
A partir de esa decisión, la derogación volvió a producir plenamente sus efectos. El régimen que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros dejó de aplicarse, incluida la regulación sobre superficies y determinados inmuebles vinculados con cuerpos de agua.
El argumento central de Pichetto y Massot es que las operaciones que se realicen durante este período podrían quedar protegidas aunque más adelante el Congreso rechace el DNU o se restablezcan las restricciones por otra vía. Por eso buscan una decisión judicial que congele la situación mientras se define el futuro del artículo 154.
Los diputados también plantearon que el Poder Ejecutivo no habría tenido las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para utilizar un DNU en este caso. Entre sus argumentos señalaron que el Congreso estaba en condiciones de funcionar y recordaron que el propio Ejecutivo remitió el decreto al Poder Legislativo pocos días después de su publicación.
Además de la suspensión del artículo 154, solicitaron medidas destinadas a preservar la información del Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener los datos sobre adquisiciones realizadas por extranjeros y advertir públicamente sobre la existencia del proceso judicial.
De esta manera, la discusión quedó planteada en distintos frentes. El Gobierno apuesta a que la oposición no pueda reunir el quórum y evitar así que Diputados avance con el rechazo del DNU 70/23, mientras intenta ofrecer una salida específica para la cuestión de las tierras. La oposición, en cambio, mantiene el pedido de sesión del 15 de octubre y, al mismo tiempo, busca alternativas legislativas y judiciales para recuperar las restricciones sobre la propiedad rural extranjera.
La cautelar presentada por Pichetto y Massot se suma así a esa estrategia. La oposición no depende únicamente de lograr la caída completa del DNU para intentar frenar la liberalización de la compra de tierras, sino que puede avanzar sobre el artículo 154 por separado mientras continúa la negociación por el quórum en Diputados.
Por ahora, la primera batalla será por el número de diputados que se sienten en sus bancas el 15 de octubre. Si la oposición no alcanza los 129 presentes, el debate sobre la derogación del DNU no podrá comenzar. Mientras tanto, la disputa por la Ley de Tierras seguirá teniendo su propio recorrido, tanto en el Congreso como en la Justicia.
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