El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y su par Nicolás Massot presentaron una medida cautelar ante la Justicia para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales. El planteo busca evitar que las operaciones que se realicen mientras el Congreso analiza el decreto puedan quedar consolidadas como derechos adquiridos.
“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros”, sostuvo Pichetto en un mensaje publicado este jueves en sus redes sociales.
El reclamo se presentó después del reciente fallo de la Corte Suprema, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU. El máximo tribunal rechazó la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la entidad no tenía legitimación para promover ese reclamo.
Qué plantearon Pichetto y Massot sobre la Ley de Tierras
El artículo 154 del DNU 70/23 derogó la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otras restricciones, la norma fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También establecía límites para personas de una misma nacionalidad y restricciones sobre determinados inmuebles vinculados con cuerpos de agua.
Tras el fallo de la Corte, Pichetto advirtió que pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. El diputado sostuvo que la cautelar apunta a preservar la situación hasta que el Congreso se expida sobre el DNU.
La Corte Suprema dejó sin efecto la cautelar y habilitó la compra de tierras por extranjeros
La presentación fue realizada por los legisladores de Encuentro Federal ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. El planteo busca que la Justicia suspenda provisoriamente los efectos del artículo 154 mientras avanza la discusión legislativa sobre el decreto.
El pedido judicial se da en paralelo al avance de una discusión política en Diputados. Distintos bloques de la oposición solicitaron una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70/23, que ya había sido rechazado por el Senado.
La Corte, en tanto, aclaró que su decisión no implicó pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154. El máximo tribunal sostuvo que el fallo se limitó a cuestionar la legitimación de la asociación que había iniciado la demanda y señaló que la discusión sobre el DNU también involucra la intervención que corresponde al Congreso.
RG
