A dos años de la implementación del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional presentó un informe que documenta un escenario de creciente represión estatal frente a la protesta social en la Argentina. Según el relevamiento, durante 2024 y 2025 se registraron al menos 2.557 personas heridas como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El informe detalla que las lesiones incluyen impactos de balas de goma en la cabeza y el rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y distintos episodios de violencia física. Los datos reflejan, además, un incremento significativo de la represión de un año a otro, tanto en la cantidad de personas heridas como en las detenciones durante manifestaciones.
De acuerdo con registros de la Comisión Provincial por la Memoria citados por Amnistía Internacional, en 2025 se contabilizaron 1.341 personas heridas y al menos 165 detenidas. En comparación, durante todo 2024 se habían registrado 1.216 personas heridas y 93 detenciones. Esto implica un aumento del 77% en la cantidad de personas privadas de su libertad, en su mayoría de manera arbitraria, sin pruebas suficientes y con liberaciones inmediatas.
Entre los casos más graves, el informe identifica cuatro personas que sufrieron impactos de balas de goma en los ojos, con consecuencias irreversibles. El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de arma cinética por parte de un agente de la Prefectura Naval durante una movilización de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció la pérdida de su ojo izquierdo luego de ser alcanzado por una bala de goma en una manifestación en las inmediaciones del Congreso.
Ataques a la prensa
El informe dedica un apartado específico a la situación de la prensa, al advertir que el Protocolo Antipiquetes también impactó de manera directa en el ejercicio del periodismo. Durante la cobertura de protestas, al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron lesionados, mientras que otros fueron detenidos de forma arbitraria.
Amnistía Internacional señala que periodistas fueron alcanzados por balas de goma, gases lacrimógenos y agresiones físicas, y enfrentaron restricciones para realizar su labor. Algunos relataron haber tenido que incorporar elementos de protección personal, como si se tratara de coberturas en escenarios bélicos. Según el organismo, estas prácticas buscan generar un efecto silenciador, con el objetivo de desalentar tanto la protesta como su registro público.
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El caso más grave documentado es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una marcha de jubilados. La agresión le provocó una fractura expuesta de cráneo y derivó en una internación en estado crítico. Grillo continúa en proceso de recuperación, con pronóstico reservado. En el marco de la investigación judicial, y a partir del material aportado por el Mapa de la Policía, se identificó al gendarme que efectuó el disparo, quien fue procesado por la Justicia.
Frente a la magnitud de los hechos, el informe subraya la escasa respuesta institucional del Ministerio de Seguridad. Ante pedidos de acceso a la información pública, la cartera informó la apertura de solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza. Uno de ellos, vinculado a los hechos del 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso, fue cerrado posteriormente sin sanciones disciplinarias, lo que para Amnistía Internacional expone su carácter meramente formal.
El documento concluye con una advertencia sobre el deterioro de las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de prensa, y plantea la necesidad de revisar los criterios de intervención de las fuerzas de seguridad, fortalecer los mecanismos de control y asegurar investigaciones efectivas ante violaciones a los derechos humanos.
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