El último resultado electoral dejó al oficialismo con una representación legislativa más favorable: supera un tercio de los escaños en Diputados y un cuarto en el Senado. Sumado al acompañamiento de Estados Unidos y del FMI, este escenario configura —según la consultora Empiria— "una oportunidad inédita para impulsar reformas de mayor calado" que mejoren la competitividad estructural de la economía argentina.
El Gobierno pone el foco en el mercado laboral tras años de estancamiento
Consciente de que el empleo privado formal no se expande desde 2011, el Gobierno decidió concentrar su capital político en una reforma laboral integral, acompañada de ajustes tributarios puntuales. Para Empiria, el marco legal vigente, cuyo núcleo data de 1974, quedó obsoleto y terminó funcionando como un freno para la registración: generó una flexibilización “de hecho”, pero sin los beneficios de un cambio ordenado “de jure”, y con los costos crecientes de la informalidad.
De acuerdo con el diagnóstico de la consultora, Argentina cuenta hoy con unos 21 millones de trabajadores: 6,3 millones son asalariados privados registrados, 3,4 millones integran el sector público, 5,7 millones se desempeñan en la informalidad y 5,8 millones trabajan por cuenta propia. Dentro de estos últimos conviven monotributistas, autónomos y cuentapropistas no registrados. Comparado con 2012, el peso del empleo formal privado cayó del 35% al 29%, mientras que el universo de trabajadores independientes creció con fuerza.
La consultora dirigida por Hernán Lacunza subraya que, ante la rigidez normativa vigente, las empresas ya no ajustan por cantidad de puestos —como ocurrió en los noventa—, sino por salarios más bajos y un avance sostenido de modalidades informales o independientes. Esto, asegura el informe, deteriora la calidad del empleo y desalienta la expansión de planteles formales.
Los tres pilares de la reforma: costos, litigiosidad y flexibilidad
El borrador del proyecto apunta a tres ejes centrales. El primero es reducir los costos de contratación y de despido. Para ello, se propone recalcular las indemnizaciones sobre el salario habitual, sin extras, y modificar la base de cómputo de horas extras y comisiones hacia un promedio semestral. También incorpora un esquema de incentivos para nuevas contrataciones con alícuotas más bajas y un mecanismo más simple.
Uno de los cambios más relevantes es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de los aportes obligatorios de los empleadores, aunque compensado con una reducción equivalente en las cargas patronales. Para Empiria, la principal incógnita se encuentra en cómo cubrirá el sistema previsional la pérdida de recursos estimada en unos $330.000 millones mensuales. Además, advierte que el esquema podría generar distorsiones en actividades con poca rotación, donde el costo de indemnizaciones no representa ese porcentaje mensual.
El segundo eje se orienta a reducir la conflictividad judicial. La reforma plantea un límite a la actualización de indemnizaciones —inflación más tres puntos por año— y elimina la capitalización de intereses. También aborda el aumento reciente de los juicios por accidentes: pese a que los siniestros laborales caen desde 2010, la litigiosidad volvió a crecer y ya hay más de 300.000 causas pendientes. Uno de cada cuatro nuevos juicios involucra a PyMEs.
El tercer pilar se centra en modernizar los vínculos laborales. El proyecto revisa los criterios para determinar la existencia de relación de dependencia e incorpora un estatus específico para repartidores de plataformas digitales. Además, propone crear un banco de horas que permita compensar jornadas extendidas con reducciones posteriores, ofreciendo mayor flexibilidad tanto para empresas como para trabajadores.
Empiria anticipa que industrias medianas y grandes podrían beneficiarse con mayor previsibilidad de costos laborales y más margen para reorganizar turnos productivos. En cambio, en la construcción —un sector con alta rotación y fuerte presencia de subcontratistas— la reducción de la responsabilidad solidaria tornará clave la solvencia de cada eslabón de la cadena. En comercio y servicios presenciales, la mejora dependerá de la capacidad de fiscalización, dadas las altas tasas de informalidad.
Finalmente, para las plataformas digitales, la definición de un régimen específico podría reducir riesgos legales y costos de eventuales reclamos.
Fuerte denuncia sobre el mercado global de la miel: “China se ha convertido en el monumento al fraude de la miel”
Crisis ganadera: “Hay un problema de falta de oferta por malas políticas tomadas hace tiempo que redujeron el stock vacuno fuertemente”
Jorge Argüello: “La rivalidad de Estados Unidos y China nos trae el recuerdo de la Guerra Fría, sin embargo, hay diferencias claras”
