Apenas once líneas bastaron para mostrar, desde el jueves, la tensión existente entre la Corte Suprema y el Ejecutivo. Once líneas que sorprendieron al oficialismo y marcaron la escena política. El reclamo por las partidas presupuestarias estuvo dirigido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y amenazó con una posible paralización de la actividad del máximo tribunal. Fue la antesala de pases de facturas y reclamos varios en menos de 24 horas. En el Palacio de Tribunales eran varios los que coincidían en que la sorpresa no debió ser tan grande, ni tampoco el enojo. Insistieron en que el reclamo había sido reiterado, y que hacerlo público fue en línea con lo que pregona el Ejecutivo.
Desde allí también explicaban que la Corte fijó para su ejercicio 2018 un presupuesto de $ 8.280 millones, de los cuales el Ejecutivo dispuso una partida de alrededor de$ 4.700 millones. A lo que luego el máximo tribunal pidió una ampliación de $ 1.500 millones. Pedido que, aseguran, no fue respondido por el Gobierno y motivó el reclamo.
“Son gastos para que funcione la Corte: desde los sueldos hasta resmas de papel”, graficaron desde ahí. “No es que se le piden recursos, se está pidiendo que autoricen las partidas para que funcione el máximo tribunal del país. La Corte no tiene autonomía presupuestaria”, completaron. “Cuando uno mira la ejecución de la Corte, uno ve que los fondos le alcanzan perfectamente”, sostuvo el ministro Germán Garavano.
Parte del Ejecutivo tomó la misiva casi como una declaración de guerra, y ven desde el Palacio una voluntad de tensar la cuerda. Ayer eran varias las voces que coincidían en que la tensión comenzó a acrecentarse tras el almuerzo de Ricardo Lorenzetti con Mauricio Macri. Luego de eso surgieron los rumores de que Lorenzetti no seguiría en la presidencia del tribunal el año próximo, lo que fue rápidamente desmentido por las distintas figuras del caso. Pero lo cierto es que son varios los que aseguran que esas versiones salieron de Balcarce 50 para pulverizar el poder del rafaelino.
Algunas de ellas incluso arriesgan que el pedido de la Corte dejó abierta la posibilidad de que se haga referencia al fondo que tiene para casos de emergencia. “Si les dicen que usen esas reservas, van a estar obligando a que el Gobierno admita que hay una emergencia”, completaron.
En el escenario se suman ahora dos elementos fundamentales sin los cuales no puede terminar de entenderse el escenario: la Corte tiene para decidir dos expedientes clave para el Ejecutivo, Farmacity y ley de movilidad jubilatoria. El primero toca a Mario Quintana, hombre fuerte del macrismo, y el segundo llegó luego de que la Anses apelara la sentencia que, a principios de mes, declaró inconstitucional el artículo 2 de la nueva ley y ordenó recalcular el porcentaje del aumento otorgado en marzo. Se trata de un expediente “hipersensible” por el costo que podría generar a las cuentas públicas. La Corte lo sabe.
“Un tiro por elevación”
Hace pocos días, la Corte fijó para el 29 de agosto la audiencia pública en el caso de la cadena Farmacity, vinculada a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete. La convocatoria llamó la atención porque se trata de un caso comercial y el mecanismo de las audiencias es usado, normalmente, para casos de medio ambiente, o de interés público, pero no para algo de esta índole. Allí se busca determinar la posible autorización para que la cadena logre su desembarco en territorio bonaerense, y también evaluar si corresponde a la Provincia o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica.
Otro de los puntos que llamaron la atención a las distintas fuentes consultadas es que se trata de un caso en el que no podrán participar, porque se excusaron hace tiempo, dos de los magistrados de la Corte: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes suenan como posibles reemplazantes de Lorenzetti en la presidencia del tribunal. “Suena a un tiro por elevación al macrismo y a dos posibles rivales”, confiaron.
