La puesta en escena muestra al Gobierno y al Grupo Clarín enfrentándose en una batalla que ya tiene varios frentes judiciales abiertos. Sin embargo, por los pasillos de los tribunales, detrás de las bambalinas, hay una lista de soldados de ambos bandos que se encargan de llevar adelante las estrategias judiciales de sus jefes.
El multimedios tuvo que contratar los servicios de, por lo menos, cinco estudios de abogados en los últimos tiempos. Son letrados con una vasta experiencia y un acabado conocimiento del funcionamiento de la Justicia. En el caso contra Ernestina Herrera de Noble por la supuesta apropiación ilegal de sus hijos durante la última dictadura trabajaron los estudios del ex juez Gabriel Cavallo y de Jorge Anzorreguy, hermano del ex titular de la SIDE. Para defenderse de las acusaciones sobre la adquisición de Papel Prensa se buscaron los servicios de Hugo Wortman Jofré.
Y para el caso en boga, referido a la Ley de Medios, Clarín contrató al estudio Sáenz Valiente y Asociados y a Felipe Llerena. En una primera instancia, al presentar la medida cautelar, también contó con el asesoramiento del constitucionalista Gregorio Badeni, que suele ser una voz de consulta del Grupo.
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