Dos de las causas en las que se investiga espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) mostraron movimientos esta semana. Mientras que en la justicia de Lomas de Zamora, el juez Federico Villena avanzó con las audiencias con afectados por maniobras de espionaje para comunicarles el material existente sobre ellos, en Comodoro Py se impulsó la investigación por inteligencia a 403 periodistas, académicos e intelectuales.
Esta semana, por el juzgado de Villena, en Lomas de Zamora, pasaron desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta, pasando por el referente de Barrios de Pie y funcionario de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, y el obispo Jorge Lugano, algunos de los afectados por la organización investigada.
La vicepresidenta estuvo más de dos horas en el despacho de Villena y, entre otras cosas, vio una imagen suya con Sergio Massa. Fue el registro de un encuentro que no trascendió en los medios, en 2017.
Rodríguez Larreta vio imágenes suyas, entre otras una con la dirigente Graciela Ocaña. Ambos coincidieron en constituirse en querellantes y lo propio se espera que haga el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, otros de los afectados en el caso, en el que también quedaron alcanzados, entre otros, miembros de Juntos por el Cambio (JxC) como Emilio Monzó y Nicolás Massot.
La hipótesis de la Justicia es la de que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o AFI. La investigación pone la lupa el accionar de la AFI macrista, que tuvo en su conducción a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya que los elementos que constan en la causa sobre el espionaje datan de esa fecha. En tanto que ya hay alrededor de una decena de agentes del organismo bajo la lupa de la Justicia.
La causa de espionaje a periodistas. En las últimas horas, la fiscal Paloma Ochoa pidió las primeras medidas de prueba en el marco de la investigación por maniobras de inteligencia ilegal a 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas.
El impulso de la investigación de Ochoa se dio en el marco de una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Y entre las medidas que solicitó hay pedidos de información al organismo de inteligencia y al Ministerio de Seguridad, que se sospecha que también podría haber intervenido en la maniobra.
Tal como reveló PERFIL hace dos semanas, los nombres de las personas afectadas en la causa surgen del seguimiento realizado a partir de dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.
El pedido de la fiscal fue presentado al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, quien ahora deberá resolver si hace lugar a estas medidas.
