Varios periodistas y medios de Formosa como El diario Opinión Ciudadana y Radio Fantasía fueron condenados a pagar dos millones de pesos al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, por a una llamada de un oyente al programa de Gabriel Hernández.
El incidente por el que fueron condenados tuvo lugar el 21 de enero del año 2013. Un oyente anónimo realizó una llamada al programa radial de Gabriel Herández ‘Mano a Mano’ durante la cual criticó al gobernador de Formosa. Los dichos del oyente molestaron a Insfrán, quien inició una causa contra Hernández y a su mujer, así como todos aquellos medios de comunicación que hicieron eco del episodio.
Según informó el canal Todo Noticias (TN), Insfran había ordenado dos días antes de que se produjera el llamado que se grabara el programa de Hernández. Para ello mandó a una escribanía a Walter Cesar Rodas, director de Asuntos Administrativos del Poder Ejecutivo. “Cabe preguntarse cómo sabía Insfrán que dos días después, el 21 de enero, el oyente anónimo iba a llamar a mi programa para hacer ese comentario”, sostuvo Hernández.
El pasado domingo, día del periodista, la jueza civil Giselle Verónica Drovandi, de la justicia provincial de Formosa sentenció pagar la indemnización millonaria a favor de Insfrán a Carlos Julián González, director del Diario Opinión Ciudadana, la propietaria de Radio Fantasía FM 100.3, el Dr. Gabriel Hernández y su esposa Paola Cóspito y Carlos Orué entre otros profesionales de la comunicación, por no cumplir “con el deber de transmitir información veraz y de manera objetiva” y permitir que “se transmita una información que terminó difamando” al gobernador.
En referencia a la decisión de la magistrada Drovandi, el conductor radial consideró: “La sentencia no tiene pies ni cabeza, porque la supuesta ofensa la origina una llamada telefónica anónima. Nadie en mi programa la comentó ese día, ni los días siguientes; nadie dijo estar de acuerdo, ni que lo dicho era cierto, pero igualmente la jueza dice que soy responsable, por haber permitido que el oyente hable en el programa”. Y precisó: “Lo que sí dije, días después, cuando empezó la polémica, fue que los oyentes tienen derecho a expresarse, y que en mi programa todos pueden llamar y opinar, y que voy a defender ese derecho. Lo dije y lo mantengo”.
Según la jueza Drovandi, la actitud de Hernández de permitir que opine un oyente en contra de Gildo Insfrán es “difamatoria, por acción y por omisión” al no haber cuestionado ni corregido lo afirmado. A entender de la magistrada, un periodista debe definir su postura con respecto a las declaraciones de un entrevistado u oyente, de modo contrario se consideraría que el comunicador comparte la misma opinión.
Hernández calificó la sentencia como un “brutal atropello a la libertad de prensa” del gobierno de Gildo Insfrán y adelantó que va a apelar “hasta llegar a la Corte Suprema, si es necesario”. “Diariamente, centenares de personas llaman y mandan mensajes a los programas de radio y televisión; si los conductores de esos programas tienen que sentar posición sobre cada mensaje o llamado, diciendo si están o no de acuerdo con lo que dicen los oyentes, entonces habrá que cerrar el micrófono a la audiencia, porque ningún canal ni emisora puede materialmente cumplir semejante tarea”, concluyó el periodista.
