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POLITICA / auditoria general de la nacion
domingo 18 agosto, 2013

Duras críticas a quienes deben sanear el Riachuelo

Un informe de la AGN advirtió sobre la falta de información y la impericia en la planificación. También reclama celeridad.

por Redacción Perfil

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La Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), el organismo autárquico encargado de implementar el plan de saneamiento del Riachuelo, ha incurrido en graves irregularidades, según el informe de la AGN.

Los cuestionamientos van desde rendiciones de cuentas incompletas, falta de informes que justifiquen desvíos financieros y físicos hasta alteraciones en los sistemas de medición sobre los avances de las diferentes obras de saneamiento e infraestructura, lo que le permite a la entidad mostrar un mayor grado de cumplimiento y/o reflejar una mejor situación.

Es lo que surge de un informe que publicó el pasado viernes la Auditoría General de la Nación (AGN) –al cual PERFIL pudo acceder– y que elevó a la Corte Suprema de Justicia, encargada de velar por el cumplimiento del saneamiento, la cual además emplaza al gobierno nacional, la Provincia y la Ciudad, autoridades que están a cargo de Acumar, a llevar adelante las obras con mayor celeridad.

La AGN acaba de concluir un duro informe acerca del grado de cumplimiento de las facultades de regulación, control y gestión propias de Acumar, arrojando un “ambiente de control de grado medio” y de “grado bajo” (por las múltiples faltas incurridas).

El de “grado bajo” sería el caso del programa 86 (Asistencia en planificación, diseño y ejecución de obras públicas), a cargo del arquitecto Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente de la Nación, en donde mayores irregularidades se detectaron y donde más problemas hubo en acceder a la información.

En los tres informes se advierte una falta de documentación, impericia en la planificación de las obras hidráulicas o de infraestructura, redeterminaciones de precios sin la correspondiente notificación a la Sigen, irregular otorgamiento de anticipos, certificados que no cumplen con la formalidad necesaria y falta de registro de plazos de inicio y finalización de las obras.

Una fuente a la que accedió PERFIL, mencionó que a cinco años del fallo de la Corte, “aún no se sabe cuánto tiempo van a llevar las obras y tampoco se sabe cuánto dinero se debe invertir, no está esa información”.

Además, esta misma fuente señaló que el caos administrativo y la falta de documentación es deliberado, con la finalidad de no detectar las irregularidades, “sobre lo que no está no se puede opinar ni controlar”.

El informe de AGN señala que a partir de ciertos cambios en los procedimientos para calcular el indicador, éste puede mostrar siempre una mejora en la gestión con completa independencia si esa gestión mejoró o no.

El relevamiento de la Auditoría concluye que esta situación puede derivar, por ejemplo, en que aumente en apariencia la cantidad de establecimientos clausurados por contaminación, cuando no es la realidad. O que parezca incrementarse la fiscalización estatal de establecimientos instalados alrededor de la Cuenca, cuando si se utilizara la anterior base de información la realidad sería otra.


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