Tras recibir este mediodía una denuncia penal de dos diputados de la Coalición Cívica, el juez federal Ariel Lijo deberá investigar el posible origen sucio del dinero con el que contribuyeron a la campaña de Cristina Kirchner el empresario asesinado Sebastián Forza y otros aportantes relacionados con la industria farmacéutica.
La presentación fue hecha concretamente por el diputado nacional Fernando Sánchez y por Sebastián Cinquerrui, legislador provincial y Presidente de la Mesa Nacional sobre Drogas de la CC, quienes basaron su pedido en la necesidad de determinar si hubo "cohecho y tráfico de influencias" entre el Gobierno y las farmacéuticas en cuestión.
Los ediles pidieron especialmente al magistrado que tenga en cuenta el rol que tuvo el Superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor Capaccioli, en "las contrataciones y procesos adjudicatarios celebrados con anterioridad y posterioridad a la elección", a fines de "corroborar o descartar la existencia de posibles beneficios indebidos".
La presentación dice asimismo que "de confirmarse las deducciones realizadas por nosotros y diferentes informaciones publicadas en importantes medios de comunicación que dan cuenta de la vinculación que tendría el brutalmente asesinado Sebastián Forza con personas y asociaciones ilegales dedicadas a la producción y al trafíco ilegal de estupefacientes, estaríamos ante un hecho de una gravedad institucional profunda: una empresa con posibles negocios con el narcotráfico aporta dinero a una candidata presidencial".
"Es posible que estemos ante la punta del iceberg de una metodología de financiamiento por parte del kirchnerismo", sostuvo Cinquerrui en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py, mientras que Sánchez afirmó que "el que sentó a todos estos empresarios a la mesa de Cristina Kirchner fue Capaccioli, que era el funcionario que con su firma puede habilitarlos o inhabilitarlos para hacer negocios con el Estado nacional".
