El enfrentamiento del Gobierno con el Grupo Clarín dejó a la Justicia sometida a presiones cruzadas, que tienen su epicentro en el Consejo de la Magistratura.
Se trata ni más ni menos que del organismo encargado de nombrar nuevos jueces y disponer sanciones disciplinarias a los magistrados. La puja lo convirtió en el campo de batalla para dirimir el nombre del juez que debe resolver sobre la inconstitucionalidad o no del artículo 161 de la Ley de Medios y, de esa forma, establecer si Clarín debe mantener sus licencias audiovisuales o vender aquellas que superan el límite fijado por la norma.
El Consejo quedó convertido en un caldero que incluye presiones y amenazas, por eso la Corte Suprema citó a varios de sus miembros para el lunes a las 17, según divulgaron ayer medios de Cristóbal López.
El mayor dolor de cabeza del Gobierno recae en la denominada “minoría”: Ricardo Recondo, camarista del fuero civil y comercial federal, el diputado radical Oscar Aguad, el senador radical Mario Cimadevilla, y los representantes de los abogados, el mendocino Daniel Ostropolsky y el porteño Alejandro Fargosi. Ellos resisten avanzar con los nombramientos que impulsa el Poder Ejecutivo.
Lea más en la Edición Impresa del Diario PERFIL
