Uno de los puntos centrales de la acusación del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman fue que el acuerdo con Irán escondía la intención de hacer caer la búsqueda por parte de Interpol de cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA.
Timerman lo negó e incluso mostró una carta que le envió el por entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, diciendo que Argentina nunca había pedido que se dieran de baja las circulares rojas, como se conoce al mecanismo que usa la policía internacional para instrumentar los pedidos de captura. Sin embargo, el memorándum con Irán podría haber provocado la suspensión por tiempo indeterminado de los pedidos de captura.
Así lo afirma el comisario inspector Luis Fuensalida, jefe de Interpol Argentina 2003-2005, en una entrevista exclusiva con PERFIL, que por primera vez confronta el argumento de Timerman.
—¿Cómo podría haber afectado el memorándum la continuidad de las alertas rojas, es decir, los pedidos de captura de los iraníes?
—El memorándum es un acto administrativo entre dos Estados por lo que no podría hacerlas caer porque se trata de una captura internacional librada por un juez. Pero podría haber causado su suspensión preventiva, como ocurrió entre septiembre de 2004 y noviembre de 2007. O sea, pueden no estar anuladas pero igualmente no tener validez.
—Usted dice que ya pasó. ¿A qué se refiere?
—En septiembre de 2003, detuvieron al ex embajador iraní Hadi Soleimanpour por pedido del juez Juan José Galeano. Su colega inglés Christopher Pratt consideró que los elementos enviados no eran suficientes y, ahí, intervino el ministro del Interior británico y consideró cerrada la causa y lo liberó. Luego, vino la destitución de Galeano por el tema de Telleldín y, por otra parte, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) inició el juicio de la conexión local. Basándose en estos hechos, Interpol Irán envió una carta a la Secretaría General en febrero de 2004 pidiendo el levantamiento de las nueve circulares rojas.
—¿Qué decía ese documento?
—Que las capturas estaban contraviniendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y que las órdenes de captura eran una persecución religiosa.
—¿Y usted qué hizo?
—Le adelanté a la oficina central en Lyon en forma administrativa que eso no podía pedirse porque la captura internacional era una sentencia judicial firme, que sólo el magistrado podía levantarla y que nuestro Código Penal está por debajo de los tratados internacionales, por lo que la solicitud de los iraníes era ridícula y que, por lo tanto, no podía haber controversia. Le remití al fiscal Alberto Nisman y al juez Rodolfo Canicoba Corral la comunicación y la copia de lo que me mandaron de Teherán.
—¿Qué le respondieron?
—Sus respuestas llegaron en abril y decían lo mismo que yo había adelantado. Entonces, en junio, la Secretaría General, a través de la Oficina de Asuntos Legales, envió dos propuestas de solución de lo que llamaban la “controversia entre Interpol Argentina e Interpol Irán”. Le contesté que no había ninguna controversia, porque nosotros no habíamos pedido la captura, sino el juez y, además, no podía entrar en discusión una sentencia de la Justicia Federal. Me insistió en mandarlas igual.
—¿De qué se trataban estas propuestas de las autoridades de Irán?
—La primera era nombrar a un jurisconsulto de reconocimiento internacional (proponía a Baltasar Garzón) para que mediara entre las partes. La segunda era muy parecida al memorándum porque planteaba que la Argentina e Irán debían nombrar a dos representantes de nacionalidades distintas a las de ambos y ellos elegirían a un quinto, de un país diferente, y así conformar una comisión que debía resolver la “controversia”.
—¿Qué se respondió desde Argentina?
—Canicoba Corral me dijo: “Esto es una barbaridad”. Ambas fueron rechazadas. La primera porque no se podía someter al arbitraje de un magistrado extranjero un fallo de la Justicia Federal y la segunda porque un fallo es un acto soberano ajustado a derecho y no podía aceptarse.
—¿Qué consecuencias trajo?
—En septiembre de 2004, la Secretaría General dispuso la suspensión preventiva de las alertas rojas en forma inconsulta hasta que el Tribunal Oral Federal 3 dictara sentencia. Canicoba Corral en octubre les contestó que volvía a ratificar las capturas internacionales y que el juicio oral era sobre la conexión local y su juzgado estaba investigando la internacional. Noble le respondió que iba a tratar de solucionar el tema, pero sin levantar la suspensión.
—¿Cuál fue la reacción argentina?
—Canicoba Corral y Nisman enviaron en diciembre dos oficios de diez hojas cada uno fundamentando el por qué debía levantarse la suspensión. Interpol tomó nota pero siguió todo igual hasta que, en febrero, la Secretaría General mandó una comunicación diciendo que funcionarios iraníes estaban dispuestos a viajar a la Argentina para entrevistarse con las autoridades locales, con el juez y el fiscal de la causa. En seguida, se los transmití.
—¿Qué le contestaron?
—Que no los iban a recibir porque ratificaban su pedido de diciembre de 2004. Decían: “¿Por qué vamos a reunirnos si Interpol lo que tiene que hacer es levantar la suspensión? No tenemos nada para hablar”.
—¿Qué quedaba por hacer tras esa respuesta?
—En marzo de 2005 viajé a Lyon para la reunión de jefes de las oficinas centrales nacionales de Interpol y di una charla ratificando el pedido de la Justicia y solicité el levantamiento de la suspensión de las alertas rojas. Cuando terminé de hablar, se acercó Noble y me dijo que iba a hacer todo lo posible para solucionar este problema. En la reunión regional de mayo, en Perú, hablé con el jefe de la Oficina de Asuntos Legales, quien volvió a insistir en que nos reuniéramos con los iraníes, que lo hablara con el juez y el fiscal, que él ponía a disposición sus oficinas para el encuentro. Hice un escrito y se lo elevé a la UFI-AMIA y al juzgado. No hubo respuesta.
—La situación parecía no tener retorno…
—Por eso, solicité a la Secretaría General una reunión extraordinaria con el Comité Ejecutivo de Interpol durante la Asamblea General que se iba a realizar en octubre en Alemania, para pedir el levantamiento de las circulares rojas.
—¿Cuál fue el resultado?
—El encuentro fue muy desproporcionado; nosotros éramos tres y los iraníes, nueve, de los que al menos seis eran abogados internacionalistas. Expusimos nuestras posturas y como no llegamos a un acuerdo pedí llevar el tema a votación de la Asamblea General. Allí volvimos a plantear nuestros argumentos y perdimos. Nos apoyaron Israel, Gran Bretaña, Uruguay y España, entre otros, y los Estados Unidos se abstuvieron.
—¿El memorándum podría provocar la suspensión de las alertas rojas?
—Su artículo siete sostiene que hay que comunicárselo a Interpol. Entonces, ellos podrían decir: si la Argentina e Irán están de acuerdo en implementar este tratado internacional para solucionar el problema de las circulares rojas, puedo suspenderlas por tiempo indeterminado, como lo hice en 2004 sin haber un pacto entre las partes, hasta que la Comisión de la Verdad se expida en forma definitiva.
—Esto echa por tierra la justificación de Timerman, porque Interpol podría haberlas suspendido sin que la Argentina se lo pidiera…
—Interpol podría haberlo hecho en forma preventiva y, además, él no tiene facultad de pedir la baja de las alertas. Lo que le respondió Noble al canciller fue para acomodar la realidad de una manera muy elegante y diplomática. Le dijo que el Estado argentino nunca lo había solicitado, cosa que es verdad, pero no puso que él en 2004 fue el responsable de su suspensión preventiva hasta 2007. Una verdad a medias es una mentira.
